Colectivos exhiben a políticos por frenar críticas en redes; acusan uso indebido de recursos públicos para manipular contenidos y blindarse del escrutinio
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- Colectivos ciudadanos y activistas digitales han denunciado una estrategia sistemática de censura en redes sociales y plataformas de contenido, presuntamente impulsada por operadores vinculados a figuras políticas relacionadas con casos como el Cártel Inmobiliario y el Huachicol fiscal. Con ello —advierten— se viola la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde 2019 determinó que los servidores públicos no pueden bloquear a ciudadanos en cuentas utilizadas con fines oficiales.
“La práctica obstruye el derecho a la información y confirma su irrespeto a la ley”, señaló el activista Adalberto Pérez. De acuerdo con la SCJN, el derecho a la información está inmerso en la libertad de pensamiento y expresión, y comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir ideas por cualquier medio. El artículo 6 constitucional establece además que toda información en posesión de las autoridades es pública, salvo excepciones temporales por razones de interés público.
Los colectivos subrayan que el acceso a la información es una herramienta esencial para la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y la calidad de la democracia. Sin embargo, denuncian tácticas coordinadas para silenciar críticas, reducir el alcance de publicaciones incómodas y desactivar cuentas que documentan presuntas irregularidades. Entre los nombres señalados figuran Jorge Romero, Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega, acusados previamente de desvío de recursos, uso indebido de funciones y vínculos con redes de corrupción inmobiliaria y fiscal.
También se menciona a los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, por presunta tolerancia o encubrimiento de prácticas similares en sus entornos políticos.
Aunque no todos enfrentan procesos judiciales, los denunciantes exigen investigaciones independientes sobre el uso de recursos públicos en campañas de manipulación informativa.
Ante ello, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han solicitado a las plataformas digitales mayor transparencia en sus políticas de moderación.
Habitantes de Polanco denunciaron al director César Garrido, funcionario de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por bloquear a ciudadanos en redes sociales tras recibir críticas a su gestión. Durante un “Miércoles Ciudadano”, el usuario @alpeca reclamó que el funcionario respete la ley: “Obstruye el derecho a la información y confirma su irrespeto a la ley”.
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