Redacción
El gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en el país, acusados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción identificada como Los Chapitos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones fueron emitidas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de las acciones para interrumpir la cadena de suministro de sustancias utilizadas en la producción de drogas sintéticas. La medida forma parte de una estrategia más amplia que busca frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, droga responsable de más de medio millón de muertes por sobredosis en ese país.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la red operaba desde Culiacán, Sinaloa, a través de empresas fachada dedicadas a sectores como el químico, agrícola, de limpieza industrial, salud y bienes raíces. Las compañías implicadas son Sumilab, Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Viosma, Prolimph, Salud y Roco.
Entre las personas sancionadas se encuentran integrantes de la familia Favela López —Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela—, además de Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García, César Elías López Araujo y Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, identificada como intermediaria clave en la distribución de precursores.
La OFAC precisó que esta red mantenía operaciones de exportación e importación de productos químicos con empresas estadounidenses, lo que permitía el tránsito de insumos hacia laboratorios clandestinos. A pesar de intentos por ocultar la estructura empresarial tras sanciones previas, los vínculos con Los Chapitos se mantuvieron activos.
El Departamento del Tesoro detalló que esta facción del Cártel de Sinaloa, dirigida por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ha consolidado el control del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Por esa razón, Los Chapitos fueron incluidos desde junio de 2025 en la lista de organizaciones designadas bajo las leyes de contraterrorismo y control de narcóticos.
Las sanciones incluyen el congelamiento de todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo jurisdicción de entidades estadounidenses. Asimismo, se prohíbe cualquier transacción directa o indirecta con ellos, lo que podría derivar en sanciones civiles o penales para quienes las incumplan.
