Redacción
Diputadas de los grupos parlamentarios de morena, PT y PAN manifestaron su apoyo a las iniciativas del diputado Octavio Martínez Vargas, de morena, orientadas a tipificar y sancionar las prácticas conocidas como montachoques, la usura y la fabricación de delitos. El planteamiento fue analizado en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México.
Durante la sesión, Octavio Martínez explicó que los montachoques son una modalidad de extorsión donde grupos delictivos provocan accidentes automovilísticos de forma intencional para intimidar y obtener recursos de las víctimas. Señaló que esta práctica se presenta con mayor frecuencia en municipios como Toluca, Naucalpan y Ecatepec. Propuso sanciones más severas, con penas de hasta 24 años de prisión y tres mil días de multa, especialmente cuando se cometan contra personas en situación de vulnerabilidad.
En el tema, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, quien presidió la reunión, advirtió que “castigar más, no siempre significa castigar mejor”. Afirmó que su bancada impulsa la proporcionalidad penal y llamó a reforzar a las instituciones de seguridad y justicia. También exhortó a policías de tránsito a no ceder ante la intimidación y convocó a la ciudadanía a presentar sus denuncias.
Respecto a la usura, Octavio Martínez indicó que se trata de préstamos con cobro de intereses excesivos y desproporcionados, en condiciones poco claras y carentes de regulación. La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT, consideró urgente tipificar esta práctica como delito autónomo, ya que los abusos afectan de manera directa a las familias mexiquenses. Explicó que la propuesta incorpora agravantes para proteger a mujeres jefas de familia, adultos mayores, indígenas y personas en situación de pobreza.
Emma Laura Álvarez añadió que su bancada acompañará esta tipificación con medidas complementarias, como mayor inversión institucional, capacitación de policías y ministerios públicos, fortalecimiento de la infraestructura y mecanismos contra la corrupción y abusos de autoridad, con el objetivo de garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos en los procesos penales.
En cuanto a la fabricación de delitos, Octavio Martínez planteó sancionarla como un delito autónomo, al advertir que esta práctica erosiona la confianza en la justicia y coloca en situación de indefensión a personas inocentes. Sostuvo que una legislación específica permitirá frenar estas conductas y fortalecer un sistema judicial más confiable.
Sobre este punto, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez, de morena, coincidió en la importancia de la propuesta, al subrayar que quienes carecen de recursos para una defensa adecuada son los más afectados por acusaciones infundadas. Destacó la necesidad de enriquecer la iniciativa para asegurar su efectividad en beneficio de la ciudadanía.
