Por Salvador Guerrero Chiprés
La explosión de una pipa en la Concordia no fue solo una tragedia mortal, fue también recordatorio de lo frágil de la convivencia entre vehículos pesados con sustancias peligrosas y la ciudad obligada a supervisar más eficientemente el usufructo privado del espacio público.
El combustible en tránsito obliga a pensar en un rediseño profundo de la relación con la movilidad de alto riesgo. Ahí está una obligación y una oportunidad para regular la operación de sectores dependientes del traslado de sustancias peligrosas.
El gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México plantea un esquema integral para garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse. El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, presentó trece medidas concretas, entre ellas: límites más estrictos de velocidad, rutas prioritarias y carriles específicos, regulación de horarios de tránsito, permisos y controles reforzados.
Ese conjunto de medidas busca interrumpir la permisividad y fijar un orden donde predominaría descuido o discrecionalidad, instalar radares móviles en los principales accesos carreteros y exigir dictámenes técnicos para cada unidad de transporte.
Existen referentes internacionales que demuestran que la regulación estricta salva vidas. Canadá, a través de Transportation of Dangerous Goods Regulations, ha desarrollado uno de los esquemas más avanzados de control, desde empaques y marcajes hasta inspección en ruta.
La movilidad urbana no puede entenderse solo en términos de velocidad y conectividad, sino también de seguridad y prevención. El reto es la comprensión del cumplimiento de las reglas no como carga burocrática, sino compromiso con la vida.
Así como la historia tiene en la pipa de la paz una representación de tregua y reconciliación, la tragedia de la Concordia puede convertirse en símbolo de una nueva relación entre la industria y la ciudad.
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