Por Eduardo López Betancourt
En México, ejercer como profesionista del derecho parece algo sencillo.
En efecto, en muchas universidades públicas la licenciatura en derecho se percibe como una carrera accesible, que puede completarse con un esfuerzo académico modesto. Lo grave es la proliferación de supuestas instituciones que literalmente “venden” títulos, produciendo miles de profesionistas que desvirtúan una de las disciplinas más respetables del mundo de la ciencia.
El derecho constituye la base de sustentación de la humanidad. Nuestro país tiene el orgullo de haber formado juristas de gran talla, creadores de instituciones reconocidas internacionalmente, como lo es el juicio de amparo. Sin embargo, esta figura tan trascendente ha sufrido innumerables modificaciones, al grado de convertirse en un entramado complejo y saturado de tecnicismos, perdiendo buena parte de su eficacia.
Volviendo al tema de los abogados, resulta verdaderamente absurdo que individuos sin preparación suficiente se atrevan a ejercer e incluso a convertirse en académicos. Tal situación raya en lo cómico.
Un gobierno responsable debería aprovechar a los juristas brillantes que hoy constituyen un orgullo para el país. Apostar por profesionales mediocres es lamentable. Si se hiciera una analogía con la medicina, ningún gobernante dudaría en elegir al cirujano de prestigio y no al improvisado, para una operación delicada. En el ámbito jurídico debería ocurrir lo mismo, pero tristemente sucede lo contrario: funcionarios sin preparación ocupan cargos clave en instituciones esenciales.
Ya basta de farsas. No puede permitirse que personas sin formación adecuada pretendan dar “lecciones” y mostrarse como expertos en un campo tan fundamental como el derecho.
Ojalá en el futuro se valore el talento, la experiencia y la verdadera preparación.
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