Este delito contra las mujeres es poco visibilizado, se repite con mayor frecuencia en grandes centros urbanos donde se cruzan factores de violencia, desigualdad y abuso
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La reciente sentencia en Irapuato, Guanajuato, contra Jesús “N” —condenado a 10 años y 8 meses de prisión por violación espuria y aborto— puso en evidencia una estadística alarmante: la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México concentran el mayor número de carpetas de investigación por aborto forzado en el país.
El informe nacional “Aborto, la realidad no contada” reveló que solo en 2024 sumaron 186, 175 y 108 casos respectivamente, lo que refleja que este delito, poco visibilizado, se repite con mayor frecuencia en grandes centros urbanos donde se cruzan factores de violencia, desigualdad y abuso.
Asimismo, la investigación de la plataforma “Una Vida, Una Infancia, Una Protección” (UNNA) y Early Institute destacó que en lo que va de 2025 ya se han registrado 370 casos de aborto relacionados con violencia y coerción, con las mismas tres entidades a la cabeza.
Paradójicamente, refiere el estudio, en estados como Durango y Tlaxcala, donde la interrupción del embarazo aún está tipificada, no se reportaron procesos judiciales, lo que especialistas interpretan como falta de denuncia y ausencia de mecanismos de investigación.
La dimensión del problema se refleja en las cifras penitenciarias: actualmente 71 hombres se encuentran en prisión por aborto forzado, mientras que solo siete mujeres han recibido sentencia por este delito. En 2024 había 38 hombres encarcelados, lo que significa que en un año casi se duplicó la estadística. Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua y Sonora aparecen como las entidades con más sentencias firmes contra agresores.
Entre 2024 y 2025 se abrieron 27 juicios por aborto forzado. Chihuahua lidera con seis procesos, seguido de San Luis Potosí y Sonora con tres cada uno. El caso de Irapuato ilustra el patrón de violencia: Jesús “N” abusó de una joven que resultó embarazada y, semanas después, la obligó a ingerir pastillas para interrumpir la gestación.
Para la UNNA, estos hechos desmienten la narrativa de que la tipificación del aborto criminaliza a la mujer. “En la mayoría de los casos son los hombres quienes violentan, presionan y obligan a abortar. Invisibilizar este delito sería dejar impunes a los agresores”, señaló.
El informe de UNNA y Early Institute concluyó que “el bien jurídico tutelado es la integridad de la madre y la vida del niño o niña por nacer”, por lo que eliminar la figura del aborto de los códigos penales dejaría en indefensión a las mujeres y pondría en riesgo la vida desde el vientre.
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