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Una carpeta de investigación ante la FGR acusa al gobierno de Montoya de explotar pozos clausurados para extraer el recurso de manera ilegal con lucros mensuales millonarios

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, surgió un nuevo señalamiento contra el gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, ahora por presunto “huachicol de agua” y evasión de pagos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) con número 111008/2025, y otra más ingresada a Conagua, en el municipio se estarían explotando pozos y garzas previamente clausurados por la autoridad federal, con el fin de extraer agua de manera irregular y venderla fuera de Naucalpan, principalmente en la Ciudad de México.

La operación ilícita, según el expediente, dejaría ganancias mensuales de entre 20 y 30 millones de pesos en efectivo, mediante un sistema de vales expedidos en el Organismo de Agua Potable de Naucalpan, dirigido por Ricardo Gudiño Morales. El esquema consistiría en autorizar la venta de agua que, en teoría, debería destinarse a la población local, pero que termina comercializándose a terceros.

Vecinos denunciaron que mientras el municipio enfrenta sequía extrema y desabasto en colonias enteras, los pozos irregulares continúan bombeando sin control. “Se está lucrando con el derecho al agua de las familias naucalpenses”, advirtieron al cuestionar a la presidenta qué acciones se tomarán para frenar estas prácticas.

Este señalamiento se suma a la reciente controversia por el descuento a los salarios de trabajadores municipales, que, según el propio alcalde, se destinaban como “aportaciones a Morena”, tema que generó críticas y abrió un frente político en la región.

La gravedad de la acusación coloca nuevamente a Naucalpan en el centro de la polémica, pues de confirmarse, el municipio no sólo estaría afectando a sus habitantes con la falta de agua, sino también incurriendo en un delito federal al extraer y comercializar aguas nacionales sin pagar derechos.

El caso quedó bajo la lupa de la FGR y Conagua, mientras organizaciones ciudadanas exigen una investigación inmediata y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables.

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