Las empresas farmacéuticas y de proveería del sector salud, respondieron ayer al subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, quien las responsabilizó del desabasto de insumos y medicamentos en el país.
Clark acusó a 34 empresas, entre ellas 10 laboratorios, de incumplimiento de contrato lo que ha causado que el sector salud no tenga un abasto del 100 por ciento.
Y aunque las declaraciones de Clarck fueron contradictorias pues por un lado acusa un incumplimiento del entre el 55% y el 100% de algunas empresas, también presentó gráficas que demuestran un abasto superior al 95% en el IMSS e ISSSTE y dos puntos menos para el IMSS-Bienestar.
¿Cómo es eso posible si el desabasto es bestial, según acusó?
Ayer la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud (ANAPS), la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, Patrick Devlyn, respondieron a los señalamientos.
Primero, que no hay dolo en el desabasto.
Segundo, que los plazos fijados en las licitaciones son casi imposibles de cumplir.
Tercero, el Gobierno tiene una deuda con el sector farmacéutico que va de los 14 mil a los 40 mil millones de pesos.
Cuarto, las licitaciones dicen que los pagos se harán en seis meses pero están ocurriendo cada año o año y medio.
Dicho de otro modo, que el gobierno no resbale su responsabilidad en el desabasto.
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La disputa entre el empresario Ricardo Salinas Pliego directamente con la presidenta Claudia Shienbaum va escalando.
Ayer la mandataria, nuevamente, se refirió al CEO de Grupo Salinas acusándolo de cometer “defraudación’’ con la venta de Iusacell a AT&T.
La declaración de la mandataria ocurrió a partir de la publicación de una nota periodística en la que se afirmaba que el empresario había pagado una fianza de 25 millones de dólares para no ser detenido en Estados Unidos.
Grupo Salinas respondió por la tarde las declaraciones presidenciales acusando un ataque y persecución política por parte del gobierno “y no una disputa fiscal, como se ha querido disfrazar’’.
Sin embargo, como no se había visto en todos estos meses de desencuentros entre el Grupo Salinas, su presidente y el gobierno, el consorcio anunció que está evaluando y analizando “iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la Presidencia’’.
A ver qué responde hoy la Presidenta.
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Por cierto, Sheinbaum anunció que el próximo lunes enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y para la expedición de una Ley General de Aguas con el objetivo de que este recurso “deje de verse’’ como una mercancía.
La mandataria dijo que se trata de poner orden y que sea realmente el Estado quien regule concesiones de agua y se impida la transmisión entre particulares.
Además se establecerán sanciones a quienes se roben el agua o que no reporten el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene.
El anunció ocurre después de que se han publicitado denuncias de “aguachicol’’ en varias regiones del país.
Y, desde luego, la iniciativa debería castigar a quienes comercializan en las alcaldías de la CDMX el agua extraída de los pozos, un porcentaje de ellos tomados como negocios particulares por grupos delincuenciales disfrazados de organizaciones civiles.
Vea los casos de Iztapalapa e Iztacalco; y Ecatepec y Texcoco en el estado de México.
