Redacción
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que existe interés en reformar la Ley de Juegos y Sorteos, la cual se mantiene sin modificaciones desde 1947. El anuncio lo realizó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde destacó que la norma no ha sido actualizada pese a los avances tecnológicos que han impactado al sector.
Rodríguez indicó que sostuvo encuentros con empresarios de la industria, en los que se alcanzaron tres acuerdos: evitar la corrupción hacia servidores públicos de Gobernación, revisar y regularizar la situación de las empresas que paguen sus impuestos, y elaborar un marco legal que brinde certeza a las inversiones y sancione conductas ilícitas vinculadas con el lavado de dinero.
La actual ley prohíbe como regla general todos los juegos de azar y con apuestas, salvo algunas excepciones como ajedrez, damas, dominó, boliche, billar, juegos de pelota, carreras de personas, vehículos y animales, así como sorteos autorizados. Cualquier actividad no contemplada expresamente se considera ilegal.
El marco legal vigente otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad exclusiva de reglamentar, autorizar y vigilar juegos con apuestas y sorteos, con excepción de la Lotería Nacional, que se rige por su propia normativa. Para operar cualquier establecimiento de este tipo es obligatorio contar con un permiso de la Segob.
La legislación establece sanciones que van desde multas y arrestos hasta la revocación de permisos en caso de incumplimiento. Además, prohíbe la instalación de locales de apuestas o sorteos cerca de escuelas y centros de trabajo.
También aclara que no se consideran ilícitos los juegos ocasionales realizados en domicilios particulares con fines recreativos entre familiares y amigos, siempre que no sean habituales ni constituyan una actividad lucrativa.
El anuncio de la secretaria de Gobernación ocurre en un contexto donde las tecnologías digitales, las plataformas en línea y los esquemas de apuestas a distancia han generado un entorno distinto al que existía en 1947, lo que abre la discusión sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio.
