Si no ocurre algún imprevisto, esta misma semana podría quedar aprobada, por el pleno del senado, la nueva ley contra la extorsión, cuya iniciativa plantea dotar a México de un marco legal que permita enfrentar este delito considerado de alto impacto, pues en muchas ocasiones deriva en asesinatos, sobre todo cuando las víctimas no pagan el impuesto que les cobran los grupos criminales.
A decir de la presidenta Claudia Sheinbaum, la extorsión es una de las asignaturas pendientes de su administración, toda vez que es el único ilícito que no se ha podido disminuir; es que mientras los homicidios, los feminicidios, el robo con violencia y los secuestros ha registrado bajas considerables, la extorsión ha registrado un aumento de 28 por ciento en los últimos seis años.
En la exposición de motivos del documento, se establece que la extorsión constituye un delito de jurisdicción concurrente, ya que está contemplado tanto en el Código Penal federal, como en los códigos penales de los estados; y la falta de homologación de las penas es lo que ha obstaculizado un combate frontal.
Por ejemplo, mientras que en el ámbito federal la penalidad oscila entre dos y ocho años, en Oaxaca va de uno a tres años; y en Chihuahua de cinco a 30, por lo que la aprobación de la reforma permitirá corregir esas diferencias.
Apenas el jueves pasado, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron la minuta que reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que sólo resta que pase la aduana del pleno, y posteriormente sea palomeada por los congresos estatales, antes de ser promulgada por la jefa del Ejecutivo federal.
Se espera que la aprobación en el pleno del senado sea de manera unánime, pues hasta este momento, la iniciativa cuenta con el apoyo total de todas las fracciones parlamentarias.
Atentos.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR ACTIVIDADES ILÍCITAS EN EL SECTOR COMERCIAL
En los últimos cinco años, las actividades ilícitas que se presentan en el sector comercial de nuestro país, principalmente en la industria textil, calzado, minerales, juguete, acero, aluminio, papel y electrónicos, ha provocado un daño económico al erario por 65 mil millones de pesos, así como de más de 145 mil millones en transacciones relacionadas con lavado de dinero.
Son datos que se desprenden del informe denominado Prácticas ilícitas y fraudulentas en el comercio exterior realizado por la consultora especializada Polaris, cuyos expertos identificaron las diez prácticas fraudulentas más recurrentes; entre las que destacan: la subfacturación, la falsificación de documentos aduaneros, la evasión de impuestos y aranceles, así como el contrabando, entre otros.
Sin lugar a dudas, se trata de información importante que puede contribuir a la protección de las empresas formales y a salvaguardar el desarrollo económico nacional, frente a prácticas que erosionan los ingresos públicos y la competitividad del país.
