¿Qué tienen en común la “exitosa” reforma laboral de 2019 y el “excelente” sistema de salud público que tenemos en México que según es mejor que en Dinamarca? Pues todo, ambos casos son un ejemplo claro de las grandes mentiras y daños que dejó el obradorismo.
En los hospitales de México los males cardíacos son tratados como males gástricos, mientras que los beneficios obtenidos por la reforma laboral se traducen en una justicia laboral disfrazada de farsa.
Se cumplen cinco años de la reforma laboral que prometía: democratizar los sindicatos, garantizar libertad sindical, mejorar la negociación colectiva y fortalecer la justicia de eso, no tenemos nada. El Gobierno sigue protegiendo a los líderes charros, a rateros, que imponen en los sindicatos auténticas dictaduras.
Uno de los principales puntos de la reforma era la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y en su lugar entraron Tribunales Laborales, con el fin de acabar el rezago existente en expedientes; sin embargo, no sirvió de mucho, el atraso existente de expedientes y resoluciones sigue siendo enorme. De acuerdo a varios análisis sólo 40 por ciento de los casos en tribunales federales han sido resueltos, dejando un lamentable 60 por ciento sin atender.
Además, la operación en algunos tribunales es penosa, hay denuncias por el cobro de trámites, certificaciones y por búsqueda de archivos. Ahora hay que pagar para recibir una atención por demás mala y, como era de esperarse, la corrupción, también persiste.
Esta reforma impuso a los sindicatos diversos requisitos, entre esos están someter a consulta cualquier decisión por mínima que sea, pero el piso no es parejo, ya que el Gobierno puede hacer los cambios que quiera e imponer cualquier tipo de reforma, sin preguntar a las y los trabajadores, como con la del Infonavit, que nos quitaron los ahorros de nuestras subcuentas de vivienda, y o cuando se quedaron con las Afores de miles de trabajadores.
El Gobierno sólo se ha dedicado a dejar decisiones importantísimas en manos de líderes corruptos que son coptados para permanecer calladitos.
Mientras la reforma de 2019 se malvendió como la solución para democratizar sindicatos y lograr una justicia laboral, en 2021 el Gobierno impulsó otra modificación: donde sin sentido, topó las utilidades a 90 días.
Como diputado me opuse y lo dije: es una reforma recaudatoria, no es en beneficio de las y los trabajadores, y así fue. De acuerdo a estimaciones de 2021 a 2022 Hacienda incrementó sus ingresos entre 40 y 60 mil millones de pesos por el pago de impuesto salariales. Entonces, ¿fue o no recaudatoria? Claro que lo fue.
Esta reforma se convirtió en un gran golpe para las y los trabajadores que nos regimos con Contratos Colectivos de Trabajo. El tope a las utilidades a 90 días fue inmoral, antes de la reforma recibíamos el 10 por ciento de las ganancias de nuestras empresas. Sectores como el minero, automotriz y la manufactura, lográbamos incluso más de seis meses de salario de utilidades.
Estudios indican que trabajadores de estos y otros sectores dejamos de recibir entre 50 mil y 60 mil millones de pesos anuales, dinero que trabajamos y que ya contábamos con él.
Se pueden dar cuenta que sus reformas fueron un atraco a la clase trabajadora, por ello, una vez más hago el llamado a las autoridades, a la Secretaría del Trabajo y a los legisladores para derogar la fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, misma que topó nuestras utilidades.
Es momento de cambiar de rumbo, la clase trabajadora no puede ser víctima de malas decisiones y abusos cometidos por nuestro propio Gobierno.
@CarlosPavonC
