La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este 15 de septiembre, al Senado, dos iniciativas de reformas a la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra para reformar la Ley de Protección Industrial.
Previo al Grito, Sheinbaum envía propuesta al Senado
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dio a conocer las líneas de ambas iniciativas.
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“Acabo de recibir en el @senadomexicano dos iniciativas propuestas por la Presidenta, @Claudiashein”, refirió en sus redes sociales.
Explicó que la propuesta que reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del TFJA, busca establecer el proceso de Amparo de forma efectiva y justa.
Además, promueve el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita y para el Órgano de Administración Judicial incluye medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución.
En tanto, la Ley Federal de Protección Industrial pretende fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México; así como impulsar el desarrollo de México y reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista.
Ley de Amparo dentro de las reformas impulsadas
En la exposición de motivos de la Ley de Amparo, señala que de acuerdo con el diagnóstico que presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2025- 2031, “muestra la necesidad de impulsar reformas con objeto de agilizar los proceso judiciales -entre ellos el juicio de amparo-, reducir la impunidad y fortalecer en general las instancias judiciales, para acrecentar la confianza del pueblo de México en el acceso e impartición de justicia, y erradicar la narrativa y mecanismos sobre una justicia con privilegios”.
De esta manera, se propone adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo
5o. de la vigente Ley de Amparo en los términos siguientes:
“Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”.
