Nuevos juzgadores se comprometieron con la transparencia y rendición de cuentas, pero solicitaron la clasificaron de su información y compartieron datos incompletos
Por Omar Montalvo
Grupo Cantón
Ciudad de México. – En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integraron ministros elegidos por el voto popular con el compromiso de una justicia cercana, transparente y que fomenta la rendición de cuentas, pero la mayoría demostró que prefiere mantener en la opacidad de su información, sobre propiedades e ingresos en las declaraciones patrimoniales de su último cargo público.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero fue desde 2018 hasta 2025 Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO CDMX). Ante la SCJN refrendó tener un enfoque en la transparencia, pero en la última declaración patrimonial que presentó este año ante el INFO, sólo reveló que el total de sus ingresos anuales fueron de 1 millón 140 mil pesos y señaló que no autoriza se revelen otros datos.
Un caso similar es el de María Estela Ríos que ente octubre de 2024 y este año fue directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En este cargo señaló ingresos anuales por 1 millón 422 mil pesos, pero no declaró ninguna de sus propiedades. En su cargo anterior como Consejera Jurídica de presidencia sí reveló en noviembre de 2024 tener tres propiedades que suman 7.5 millones de pesos, vehículos, aparatos costosos e ingresos adicionales por 800 mil pesos.
El un nivel mayor de opacidad, Irving Espinoza Betanzo, fue magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA CDMX) de 2019 hasta el pasado mes de agosto. El documento que presentó este 2025, se encuentra reservado para su consulta. La ahora ministra de la SCJN, Sara Irene Herrerías, fue titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) entre 2019-2025 y en la declaración patrimonial de este año sólo reveló ingresos anuales de 2 millones 870 mil pesos, pero mantiene clasificada la información del origen de sus ingresos, propiedades, vehículos, bienes muebles y su participación en empresas.
Transparentar esta información permite conocer la riqueza de los juzgadores populares, como Loretta Ortiz que logró mantenerse en la SCJN. En su declaración patrimonial 2025 reportó además de ingresos por 3 millones 951 mil pesos por sus actividades como ministra en 2024, ingresos extra por 15 millones 632 mil pesos de un seguro que cobro por el fallecimiento de su esposo, 123 mil pesos de arrendamientos y 581 mil pesos de una pensión del IMSS; dos propiedades que suman 9.7 millones de pesos, un vehículo y una colección de arte de 5 millones de pesos.
En tanto, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar declaró este año que mientras estuvo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tuvo ingresos anuales por 492 mil pesos, un vehículo y una casa sin revelar su valor; y el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, no tiene ninguna declaración pública ya que este será su primer cargo público.
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