El Pueblo de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, obtuvo un amparo para que se atiendan las necesidades de la escuela de esa comunidad indígena de la región de La Montaña de Guerrero: infraestructura, presupuesto y maestros.
El mandato, otorgado por un juez federal con sede en Chilpancingo, el 28 de agosto pasado, obliga al Gobierno del estado y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que, en menos de un mes, tengan, por lo menos, un diagnóstico de cómo se encuentra la escuela secundaria técnica “Roberto Mejía Guzmán” de la comunidad.
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Durante una conferencia de prensa realizada de forma virtual desde el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, autoridades y pobladores de Petlacala -una de las comunidades más pobres del país, detallaron que fue necesario recurrir a tribunales federales para que se atienda el plantel que presenta graves daños en su infraestructura.
Señalaron que de hacerlo y no enviar a los maestros que necesitan, las autoridades estarían desacatando una orden legal.
El abogado del Centro y de los afectados, Baldomero Díaz Salazar, explicó que, de acuerdo con un informe preliminar del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, “lo único bueno de esa escuela era la cancha” que construyeron los padres y que desde la inauguración de la escuela, que también levantó la comunidad, hacían falta cuatro maestros.
RECLAMAN ATENCIÓN
Antonio Reyes, presidente de la asociación de padres de familia, señaló que el pueblo está cansado de que el Gobierno, desde 2021, no haga su trabajo y los ignore.
Recordó que actualmente hay otros siete amparos ganados por comunidades indígenas de La Montaña, que solicitan las mismas exigencias: infraestructura educativa, resarcir la falta de maestros y no pagar cuotas; algunos están en cumplimiento y otros en proceso.
Lamentó que la respuesta del Gobierno estatal haya sido la revisión de los amparos, pues “la gobernadora (Evelyn Salgado) negó el acto reclamado diciendo que ella no tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, que para eso está la Secretaría de Educación”.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que los pobladores y padres de familia tengan que protestar para ser escuchados.
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CITA
“Las autoridades del estado no han asumido un compromiso constitucional de garantizar una educación de calidad a los indígenas”
Abel Barrera Hernández
Fundador de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña
NÚMEROS
800 pesos, que no tienen, gastan los padres en uniformes y útiles para sus hijos
25 años es la vida útil de las aulas de la secundaria, las cuales fueron construidas en 2002
