El Paquete Económico para 2026 tuvo como noticia destacada el incremento de los impuestos con una intención “saludable”.
El diseño de éstos va para gravar las bebidas azucaradas, el tabaco y, la medida un poco ambigua pero loable, de gravar los videojuegos que tengan contenido de violencia.
La lógica del Gobierno federal que expuso en los argumentos de la propuesta y que se ha ampliado con las explicaciones de los funcionarios de gobierno es que además de desincentivar el uso, se prevé que los recursos que se recauden ayuden a financiar servicios y necesidades que provocan el abuso de esos productos.
Me explico: los impuestos, según el gobierno, se utilizarán en la infraestructura de salud para atender los tratamientos de enfermedades, sobre todo en el caso de las bebidas azucaradas. En este rubro, los recursos están etiquetados al 100 por ciento, según la propuesta inicial y esperan que se recauden unos 40 mil millones de pesos por ese concepto. En el caso de los videojuegos violentos, cómo se aplicará en el sistema de salud no es tan claro.
La duda genuina es, ¿encarecer productos realmente modifica el comportamiento de la población? En el caso específico de las bebidas azucaradas, la Organización Panamericana de la Salud dice que sí hay un impacto.
Según estudios hechos en diversos países en América Latina, hay un efecto si los recursos si se canalizan en aplicarlos en mejorar la infraestructura de agua potable, subsidio de frutas y hortalizas para la población más pobre, patrocinio de deporte y aumentar las instalaciones para promover las actividades físicas.
Pero es necesario un plan de gobierno específico para promover ciertas estrategias, porque el cambio necesita ser de fondo.
Quizá en este punto, el reclamo de los empresarios, en voz de Andrés Massieu, director de la Industria Mexicana de Bebidas, podría tener sentido cuando reclama que gravar las bebidas anteriormente no modificó muchísimo el patrón de consumo.
Según los datos del gobierno, el incremento de impuestos hecho hace 10 años redujo su consumo entre 7 y 8 por ciento. Esperan que esta nueva etapa logre un porcentaje similar.
Pero no podría alcanzarse una diferencia notoria sin ofrecer alternativas asequibles, sin colocar agua potable en comunidades donde la opción más barata son precisamente los refrescos.
No estoy diciendo que deberían frenar los impuestos a los productos que se ha demostrado que tienen un daño directo a la población. Sino remarcar solamente que tomar medidas aisladas no detienen un problema complejo, largo y con muchas aristas en su estructura.
Pensar que solo el hecho de hacer más caros los productos hará que las personas cambien hábitos es equivalente a pensar que solo el hecho de determinar Prisión Preventiva Oficiosa en los delitos, los detiene.
Por eso la aplicación del impuesto es un paso valioso, pero no puede ser el único.
@Micmoya
