Redacción
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 09/2025 dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al acreditar violaciones a los derechos a la debida diligencia, acceso a la justicia, verdad, propia imagen e intimidad, en la investigación por el homicidio de un joven estudiante de psicología ocurrido en 2022.
El caso se remonta al 29 de mayo de ese año, cuando la víctima salió de una reunión en la Ciudad de México rumbo a su domicilio en Valle de Chalco. A las 5:40 horas del 30 de mayo, el C5 recibió un reporte por un joven inconsciente en la calzada Ignacio Zaragoza. Una ambulancia particular acudió al lugar con el compromiso de trasladarlo al Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, sin embargo, días después se reportó su fallecimiento.
El 3 de junio de 2022, elementos de la Guardia Nacional encontraron el cuerpo en el kilómetro 50.8 de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca. La diligencia de levantamiento del cadáver estuvo a cargo de personal de la FGJEM y de la Guardia Nacional. La necropsia practicada al día siguiente concluyó que el joven murió por hemorragia derivada de una herida con instrumento punzocortante.
La CODHEM determinó que en esta necropsia se presentaron omisiones y deficiencias por parte de la perito médica legista de la Fiscalía. Además, la investigación estuvo marcada por retrasos, ya que el agente del Ministerio Público que inicialmente la recibió entregó la carpeta a un nuevo agente hasta agosto de 2024, más de dos años después, lo que significó fallas procesales y administrativas.
El organismo acreditó que estas actuaciones vulneraron derechos humanos y afectaron el acceso de la familia a la justicia. Entre las irregularidades documentadas, destacó la falta de diligencia en las pruebas periciales y la demora en la integración de la investigación ministerial.
Como medidas de reparación, la CODHEM instruyó a la Fiscalía mexiquense a ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares, inscribir el caso en los expedientes laborales de los servidores públicos responsables y dar vista a las autoridades competentes por probables faltas administrativas.
Asimismo, recomendó brindar atención psicológica o psiquiátrica al núcleo familiar en su calidad de víctimas indirectas, además de gestionar su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
