El Gobierno federal anunció ayer una serie de detenciones relacionadas con tráfico de combustible y con el llamado “huachicol fiscal”, una práctica en la que se importa y vende combustible y se evade el pago de impuestos.
En la conferencia conjunta del secretario de Marina, el fiscal general y el titular de la Secretaría de Seguridad dieron a conocer algunos detalles: se llevó a cabo la detención de 14 personas, entre ellas tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Los empresarios detenidos son Anuar González, Héctor Manuel Portales y José Ramírez apoderado legal, representante legal y accionista de Mefra Fletes, respectivamente, una de las compañías a las que se les incautaron 10 millones de litros de combustible en marzo pasado.
Según lo que hasta ahora se conoce, contaban con una red de compañías que permitían triangular recursos y contar con una infraestructura definida y sólida con la que se traficaban millones de litros de combustible que terminaba en puntos de venta en México como producto legal.
Los funcionarios detenidos estaban en puestos directivos de la administración del sistema portuario y otro más ocupaba el puesto de vicealmirante en la Secretaría de Marina.
Por primera vez, las detenciones incluyen funcionarios públicos que facilitan el que se cometan delitos, más allá de sólo tener la detención de empleados de menor escala de las empresas que están involucradas. Por ahí hay una buena noticia.
No hay una posibilidad de erradicar efectivamente un problema en tanto no se ataque el sistema desde la raíz. Si se desarticula una parte de una banda pero no se desarma el sistema, éste sólo espera que alguien más tome los espacios vacíos.
El impedimento para cometer un delito nunca será una ley que prohíba cualquier conducta. El problema en nuestro país es que la estructura tiene huecos que permiten que los delitos se cometan, pero sobre todo, que queden impunes.
Quizá por eso, parte de lo que más llamó la atención fue el mensaje del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien reconoció que hace casi dos años acudió a la Fiscalía el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda.
“Nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de la institución”, explicó el fiscal y agregó que le pidió expresamente al secretario que interpusiera las denuncias ante la Fiscalía y que también les proporcionara pruebas sobre los delitos.
No pretendo demeritar las detenciones, pero la cantidad de daño que se pudo generar en dos años suena monumental. Las redes y la generación de recursos que no parecen haber parado de crecer desde el momento de la denuncia hasta ahora, cuando ya Ojeda no es secretario, son un tema que amerita al menos algo de preocupación.
Porque, y aquí la duda genuina, ¿de qué sirve una denuncia si el inicio de un proceso para la justicia tarda dos años en llegar? Una meta exigible deberá ser que las investigaciones y su castigo lleguen en mucho menos tiempo.
@Micmoya
