Redacción
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó la movilización de hasta 600 abogados militares para integrarse de manera temporal al Departamento de Justicia y desempeñarse como jueces en casos de inmigración. La medida busca atender el retraso acumulado en los procesos migratorios y se enmarca en un acuerdo interinstitucional con la Casa Blanca.
El plan establece que los envíos se realicen en grupos de 150 abogados, entre personal militar y civil, con la instrucción de iniciar las designaciones en el menor tiempo posible. La primera ronda de asignaciones quedaría definida durante la próxima semana, según lo indica el memorando firmado el 27 de agosto.
El esquema contempla una duración inicial de 179 días, con posibilidad de extenderse en función de las necesidades del sistema judicial migratorio. Esta disposición responde a una solicitud del Departamento de Justicia, que mantiene bajo presión a los tribunales por la magnitud de casos pendientes.
Desde la Casa Blanca se mencionó que la administración de Donald Trump analiza mecanismos adicionales para acelerar los procesos, entre ellos la contratación de más jueces especializados en materia migratoria. El gobierno considera que la reducción del rezago debe asumirse como una prioridad compartida.
Con esta decisión, el Pentágono incorpora al personal jurídico de sus filas en un área civil crítica, al tiempo que el gobierno federal abre la puerta a medidas extraordinarias para enfrentar la crisis en los tribunales de inmigración.
