A partir del 1 de septiembre, al menos 900 juzgadores quedarán en el limbo, pues no recibirán su beneficio económico al dejar su cargo por efecto de la elección judicial, como lo marca la Constitución.
Se trata de jueces y magistrados que participaron en la elección, pero no ganaron, que presentaron su declinación ante el Senado o que renunciaron de manera anticipada por no alcanzar los 25 años de servicio para jubilarse.
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La Judicatura era la responsable del pago, pero como los recursos de los fideicomisos ya están en la Tesorería federal, ya no se sabe si esa responsabilidad es ahora del nuevo Órgano de Administración Judicial o del Gobierno federal.
Tampoco se hizo oficialmente el cálculo individual de cuánto recibiría cada juzgador saliente, pues los montos están diferenciados, debido a que se les pagarían tres meses de salario y 20 días por año trabajado.
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Un artículo transitorio de la reforma señala que los juzgadores salientes “resultaran acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho”.
