Washington y Los Ángeles, dos de las ciudades con mayor presencia mexicana en Estados Unidos (EU), arrancaron el ciclo escolar en un clima inédito: la sombra de las redadas migratorias. Aunque la Suprema Corte estableció en 1982 que ningún menor puede ser excluido de la escuela pública por su estatus, la política del presidente Donald Trump ha generado un ambiente de temor que amenaza con vaciar las aulas, incluso entre hijos de residentes legales y ciudadanos estadounidenses de origen latino.
El ausentismo como reflejo del miedo
En la capital estadounidense, padres, maestros y vecinos formaron cadenas de acompañamiento para llevar a los niños hasta la entrada de las escuelas. El sonido de silbatos, panderetas y vítores se mezcló con carteles bilingües de apoyo: un ritual improvisado para frenar la ansiedad de comunidades donde la desconfianza hacia las autoridades migratorias ha calado hondo. “No se trata de la situación migratoria, se trata de tu aspecto. Si tienes perfil latino, eres un objetivo”, declaró a AFP Selene, organizadora comunitaria de origen mexicano que temió dejar a su hija en casa
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El Instituto de Política Fiscal calcula que en Washington viven unos 25 mil indocumentados y que entre tres y cuatro mil estudiantes del distrito carecen de papeles. El ausentismo ya es palpable: familias que prefieren mantener a los niños bajo resguardo antes que arriesgarse a una redada. ICE asegura que no realiza arrestos dentro de las escuelas, pero al mismo tiempo mantiene bajo la mira a 300 mil menores indocumentados y no acompañados, bajo el argumento de rescatarlos de redes criminales. “El lunes no se verá a agentes del ICE realizando redadas o rastrillajes, pero nuestro objetivo es encontrar a esos 300,000 niños indocumentados”, dijo el jefe del ICE, Todd Lyons, a NBC News citado por AFP.
Los Ángeles refuerza la resistencia
La situación es aún más delicada en California, hogar de la mayor comunidad migrante del país. En Los Ángeles, donde más de medio millón de alumnos regresaron a clases esta semana, las escuelas desplegaron un operativo sin precedentes: patrullas comunitarias en camionetas, policías distritales atentos a vehículos sospechosos y personal repartiendo volantes sobre los derechos de los inmigrantes.
En Pacoima, barrio de mayoría mexicana, un tambor azteca marcó el ritmo del ingreso de estudiantes, mientras maestros y voluntarios levantaban pancartas: “Este es un espacio seguro para inmigrantes”, reportó The New York Times. El superintendente Alberto Carvalho, inmigrante portugués que alguna vez fue indocumentado, encabezó la movilización con un mensaje directo: “La educación no puede interrumpirse por miedo. Estamos desplegando recursos a un nivel nunca antes visto”, afirmó en conferencia de prensa recogida por el NYT.
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Entre la legalidad y la intimidación
El trasfondo legal es claro: la sentencia de 1982 en el caso Plyler vs. Doe prohíbe a los estados negar la educación a los niños indocumentados. Sin embargo, la expansión del sistema de detenciones bajo Trump contradice el espíritu de esa protección. Según Axios, el número de personas bajo custodia migratoria superó las 60 mil en agosto, sin contar a miles retenidos en instalaciones opacas como el “Alligator Alcatraz” de Florida o bases militares como Fort Bliss en Texas.
Abogados de derechos civiles advierten que estas cifras ocultan una red de “sitios negros”, donde los detenidos permanecen incomunicados y sin acceso a abogados, lo que acelera deportaciones sumarias. “Es evidente que las cifras publicadas por ICE subestiman severamente el número de personas bajo custodia”, dijo a Axios Amelia Dagen, abogada del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes. Michael Lukens, director ejecutivo del mismo centro, fue más tajante: “Al eliminar el acceso a abogados, se elimina el cuello de botella, y es mucho más rápido arrestar, detener y sacar del país a las personas”, sostuvo a Axios.
Un problema con acento mexicano
De los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados en EU, alrededor de la mitad son de origen mexicano. Los Ángeles y Washington concentran comunidades particularmente numerosas y visibles: niños que, aunque nacidos en Estados Unidos o con residencia legal, se perciben como posibles blancos por su fenotipo o apellido.
El testimonio de Margarita Contreras, madre mexicana en el distrito angelino, resume la paradoja: “Es importante que mi hijo venga a la escuela, aunque tenga miedo. Ellos están atacando a nuestras comunidades, pero no podemos dejar que el miedo los prive de aprender”, dijo al New York Times.
La tensión ha llevado al legislativo de California a impulsar un proyecto para restringir el acceso de agentes migratorios a escuelas y a la información personal de estudiantes. Entretanto, maestros, consejeros y trabajadores sociales reparten “paquetes de preparación familiar” que incluyen desde información legal hasta designaciones de tutores en caso de detención de los padres.
Escuelas como trincheras comunitarias
La respuesta organizada de vecinos y educadores —que va desde caravanas de acompañamiento hasta el sonido ancestral de tambores aztecas— ilustra la resistencia de comunidades latinas que convierten las escuelas en trincheras de dignidad. Lo hacen mientras la administración Trump intensifica la construcción de centros de detención y las deportaciones alcanzan cifras récord.
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Las autoridades escolares en Washington y Los Ángeles admiten que no saben cuánto tiempo podrán sostener este esfuerzo. “Podrían ser semanas, meses o incluso tres años. Lo que sabemos es que debemos mantenernos organizados”, señaló a The New York Times María Miranda, representante del sindicato de maestros angelino.
En medio de la incertidumbre, el regreso a clases de este año en Estados Unidos reveló un contraste: entre la música azteca y los carteles bilingües de bienvenida se filtraba un mensaje inequívoco. Los niños latinos, incluidos miles de mexicanos, van a la escuela bajo la amenaza de que el miedo intente sentarlos en casa.
