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La audiencia de Ismael Zambada, El Mayo, en una corte del Distrito de New York, quitó reflectores al centésimo aniversario del Banco de México y a las declaraciones premonitorias del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

 

El funcionario dijo durante la celebración que, en materia económica, “México enfrenta un conjunto inédito de desafíos’’, que pasan por los aranceles (en espera) decretados por Donald Trump, la caída de la producción petrolera al igual que la de las remesas, y otros factores internos y externos.

 

La situación económica del país para el próximo año, pese al triunfalismo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ve muy complicada.

 

Si, como ha dicho la Presidenta, el objetivo de su gobierno es reducir el déficit fiscal durante el sexenio, y sin reforma fiscal a la vista, no se cómo el gobierno pueda solventar el gasto corriente para el próximo año sin recurrir al endeudamiento.

 

Las finanzas públicas sufren la presión de los programas sociales que crecen y crecen sin que haya estudios actuariales conocidos o proyecciones financieras que demuestren su viabilidad.

 

Tanto el Gobierno federal como los gobiernos locales se han enfrascado en una carrera por ver quién regala más dinero con claros tintes políticos disfrazados de beneficios sociales.

 

Solo por citar un ejemplo, aquí en la CDMX, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció el programa “30 años y más” que otorgará un apoyo económico mensual de 8 mil 500 pesos durante un año a personas mayores de 30 años que se encuentren desempleadas con dependientes económicos.

 

Además de capacitación laboral y “seguridad social’’.

 

No hubo un estudio previo, no hubo un padrón de probables beneficiarios, no se presentaron estudios actuariales, es decir, solo porque se tiene a mano el presupuesto se puede prometer hasta lo que no se tiene.

 

Para solventar las presiones del gasto social (o de los programas sociales, mejor dicho) y si no quiere aumentar la deuda pública que llegará, al final del año, a los 18 billones de pesos, el gobierno tendrá que recortar, como lo hizo en el presupuesto vigente, recursos a rubros como la seguridad, la educación, el campo (tan olvidado) y la salud.

 

El gobierno asegura que la falta de recursos es una mentira de la oposición, pero una clara muestra de que no es así es el hecho de que el Senado, con mayoría morenista, no ha querido validar constitucionalmente el aumento a personal de seguridad (policías), maestros de secundaria y personal de salud, aprobada por unanimidad en el Congreso y por los 32 estados ¡el 10 de octubre del 2024!

 

Dicha reforma establece que las remuneraciones del personal de seguridad, maestros y personal de salud no puedan ser inferiores al sueldo registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que estos servidores públicos no pueden ganar menos de 16 mil 777 pesos mensuales.

 

Pero como el gobierno no tiene para cumplir con ese mandato, desde Palacio Nacional se le dio la orden a Gerardo Fernández Noroña que congelara la declaratoria de constitucionalidad.

 

Es cierto, la economía mexicana enfrenta desafíos externos muy señalados, pero los internos siguen siendo los más costosos.

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Dice la presidenta Sheinbaum, después de que El Mayo reconoció que sobornó a policías, militares de alto rango y políticos en los 50 años que encabezó el Cártel de Sinaloa, “pues que presenten las denuncias’’.

 

¿Quién? ¿El Mayo?, ¿El Chapo?

 

Y denuncias por qué delitos, ¿por incumplimiento de contrato? ¿Por fraude?

 

    @adriantrejo

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