En el terreno pantanoso donde convergen narcotráfico y espectáculo, la periodista Anabel Hernández paga un duro peaje. Su libro Las señoras del narco: Amar en el infierno ha desatado sendos juicios: uno por derechos de imagen y otro por difamación corporativa.
En junio de 2025, Violeta Vizcarra, una socialité mencionada en la obra, obtuvo un triunfo legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La corte determinó que la Penguin Random House utilizó sin autorización una fotografía de Vizcarra tanto en la portada como en interiores, vulnerando así su dignidad, presunción de inocencia y derechos de imagen. La multa superó medio millón de pesos, y la afectada puede reclamar hasta el 40 por ciento de las ventas netas del libro. Fue el primer revés real a Hernández y su editorial.
Por su parte, Televisa emprendió una batalla distinta (por reputación). En julio de 2025, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito en La Paz, Baja California Sur, concluyó que el capítulo 17, donde Hernández señalaba la existencia de un supuesto catálogo de actrices al servicio del narco, carecía de pruebas. Ordenó a la casa editora publicar el derecho de réplica en todas las ediciones futuras, ofrecer disculpas públicas y pagar multas millonarias; la sentencia es firme e inapelable.
Televisa rechazó la versión del libro, demostrando que los catálogos del Centro de Educación Artística tenían propósitos actorales, no de contratación para narcotraficantes y que no hay registro alguno del supuesto ejecutivo implicado. Además, subrayó que las acusaciones afectaron la reputación de mujeres que hoy son madres y profesionales.
Anabel Hernández, en un video difundido en su podcast Narcosistema, negó que exista fallo judicial que desmienta los vínculos entre mujeres famosas de Televisa y el narcotráfico. Calificó la demanda como un embate a su investigación, atribuible a intereses políticos y mediáticos.
Mientras tanto, la editorial criticó irregularidades en el proceso: jurisdicción inapropiada, tribunal no especializado e incluso la participación de un secretario actuando como magistrado, anunciando que presentará un amparo.
Hasta ahora, ninguna de las figuras mencionadas: Galilea Montijo, Paty Navidad, Alicia Machado o Ninel Conde, han logrado revocar lo dicho en el libro. Algunas iniciaron acciones legales sin éxito, como El Bombón Asesino, cuya apelación sigue en trámite.
¿Qué nos enseña este caso del precio de la fama? Primero, que en el periodismo de investigación, la delgada línea entre denuncia valiente y difamación está cargada de consecuencias reales: económicas, reputacionales, judiciales.
Segundo, que el concepto de interés público no siempre exime de responsabilidad legal, especialmente cuando el receptor ausente es citado sin autorización.
Y tercero, que las instituciones culturales y mediáticas, como Televisa, están dispuestas a defender su narrativa y a blindar a las personas vinculadas a su nombre, incluso con demandas en México y el Reino Unido.
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