La presidenta saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, señaló que el Alto Tribunal, durante su gestión enfrentó el contexto más complejo en sus 200 años de historia, con la implementación de la reforma judicial, y aún así, se cumplieron los objetivos de acceso a la justicia.
“Durante los casi tres años de mi gestión, la SCJN enfrentó uno de los contextos más complejos de su historia reciente. A la responsabilidad cotidiana de impartir justicia con independencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia, se sumó el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación”, indicó Norma Piña.
El informe, que condensa la actividad de la Corte de 2023 a lo que va de 2025, señala que “a pesar de las complicaciones derivadas de este contexto, durante esta gestión las personas servidoras públicas que forman parte de la Suprema Corte trabajaron arduamente al servicio de la sociedad y de la impartición de justicia.
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La ministra saliente considera que una prueba del trabajo del Tribunal Constitucional “es el alto nivel de cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de esta gestión en un periodo menor que el originalmente previsto y con menos recursos de los originalmente programados”.
Norma Piña resalta que en su gestión en la SCJN se combatió a la corrupción
El documento resalta el combate a la corrupción que se implementó en su gestión, en el que resalta que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas abrió mil 130 expedientes derivados de denuncias contra funcionarios de la SCJN.
De acuerdo con el desglose, “en 666 asuntos se desechó la denuncia o se emitió acuerdo de incompetencia, 22 denuncias se tuvieron por no presentadas, en 7 casos se concluyó anticipadamente la investigación, en 38 se determinó la conclusión y archivo y en 363 casos se elaboró informe de presunta responsabilidad administrativa”.
El reporte destaca que “en los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno o por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se impusieron 36 sanciones que han quedado firmes”, de las cuales dos fueron destituciones, siete inhabilitaciones y tres sanciones económicas”.
Manifestó que uno de los retos fue enfrentar recortes al presupuesto, como los 714 millones de pesos de este año, por lo que “para hacer frente a esta reducción sin precedentes (equivalente a 12.1% de los recursos solicitados y, 13.6% en términos reales comparado con lo autorizado para 2024, fue necesario aplicar serias medidas de contención del gasto en materia de servicios personales y operación desde el inicio del año, para mitigar los efectos del ajuste y prever la atención de las presiones de gasto más relevantes”.
Resalta reformas judiciales a excepción de la del 2024
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La ministra Norma Piña resaltó el papel de las reformas de 1994, 2011 y 2021 en el mejoramiento de la impartición de justicia, excepto la de 2024 que cambió el modelo de elegir a los ministros.
“Con la reforma de 1994, la Suprema Corte comenzó a desempeñar un papel articulador dentro del sistema Constitucional mexicano. De esta forma, como tribunal Constitucional, ha ejercido funciones esenciales para el mantenimiento del equilibrio entre Poderes, la defensa del federalismo y la garantía de los derechos fundamentales, al tiempo que ha contribuido a la consolidación del modelo de democracia constitucional contenido en la Ley Suprema”, dijo sobre los cambios impulsados durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
