Redacción
Vidulfo Rosales Sierra, abogado que durante casi once años representó a madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, anunció su separación de la defensa legal del colectivo Nos Faltan 43. La decisión ocurre a un mes de que se cumpla un nuevo aniversario de los ataques perpetrados el 26 de septiembre de 2014.
En una carta difundida con el título En otras trincheras de lucha, Rosales informó que también concluyó su ciclo en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización en la que trabajó durante 24 años. Agradeció al antropólogo Abel Barrera Hernández y a las familias de los normalistas por permitirle acompañar la búsqueda de verdad y justicia en el caso.
El abogado recordó momentos clave de su trayectoria, como la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando se trasladó a Iguala tras la desaparición de los estudiantes, así como los procesos en que asumió la representación legal en nombre de sus padres y madres. Admitió que, pese a algunos avances, el horizonte de justicia sigue inconcluso.
Rosales también señaló que enfrentó amenazas y presiones por su labor. En 2012, luego del asesinato de dos normalistas en Chilpancingo, tuvo que salir temporalmente del país. Pese a ello, sostuvo que esas experiencias lo fortalecieron y reafirmaron su convicción de seguir en la defensa de los derechos humanos.
El abogado expresó que se retira “de la primera línea de la lucha social con la frente en alto”, aunque ratificó su compromiso con los pueblos indígenas y afromexicanos. Dijo que no puede eludir su “deber de clase” como integrante de la Montaña de Guerrero, donde nació y comenzó su activismo.
La salida de Rosales de Tlachinollan y del caso Ayotzinapa coincidió con la confirmación de que se integrará como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio Aguilar difundió en redes sociales una fotografía de una reunión preparatoria en la que aparece el abogado.
El cambio de rumbo marca un giro en la trayectoria de Rosales, quien pasó de la defensa comunitaria a un espacio institucional en el Poder Judicial. Aunque no detalló cuál será su rol en la Corte, aseguró que desde esa nueva trinchera continuará la exigencia de verdad y justicia.
En el cierre de su carta reiteró que su proyecto de vida seguirá guiado por los principios adquiridos en más de dos décadas de trabajo en Guerrero: “continuaremos en la lucha por los derechos humanos, en el lugar que las circunstancias nos coloquen”.
