Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de las Cass, Chis. – El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigió al Estado mexicano que investigue sin atajos ni pactos de impunidad el asesinato del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el 20 de octubre del año pasado en San Cristóbal.
En un comunicado, el Frayba afirmó: “Cuando se ejecuta a quien lucha por la vida, no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar. Exigimos una investigación exhaustiva que identifique a los responsables, los sancione adecuadamente y garantice que estos hechos no se repitan; que la acción sea un impulso con voluntad institucional para saber la verdad y lograr justicia”.
El organismo recordó que el 6 de agosto, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el municipio de Cintalapa, sentenciaron a 20 años de prisión al presunto “autor material” de la ejecución extrajudicial del padre Marcelo Pérez. No obstante, agregó, con esa decisión cubren de impunidad y mantienen la injusticia desde una estrategia institucional que bloquea la verdad, sin que se aporten pruebas que conduzcan a los autores intelectuales de este crimen atroz que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas.
El organismo, que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, sostuvo que la ejecución fue contra un defensor de derechos humanos y el Estado, lejos de protegerlo, lo criminalizó, lo persiguió y omitió la Medida Cautelar MC-506-14 ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Frayba expresó que obstaculizaron la justicia y silenciaron la exigencia de verdad y justicia. “Las acusaciones contra el padre Marcelo Pérez, para atacar, intimidar y silenciar su trabajo como defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, forman parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras en Chiapas”.
Afirmó que, a pesar de contar con medidas cautelares, el Estado mexicano no garantizó su seguridad. “Una vez más el caso de una persona defensora es tratado como un simple homicidio, negando el trabajo por la paz y reconciliación entre los pueblos al que dedicó su vida el padre Marcelo”.
El organismo reiteró que, en medio de la violencia en el estado, donde no se reconoce el trabajo de los defensores de derechos humanos, sino que se les asesina, difama, criminaliza y agrede, hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para visibilizar a quienes caminan junto a los pueblos, exigiendo al Estado mexicano que cumpla su responsabilidad de proteger y garantizar la vida, seguridad e integridad de quienes defienden los derechos humanos.
También manifestó que la violencia generalizada en Chiapas no deja avanzar la paz, al tiempo que señaló que, en las últimas semanas, la violencia se reactivó en las regiones fronterizas y sierra, así como en los Altos de Chiapas.
Finalmente, el Frayba añadió que, “en medio de los discursos de paz, grupos armados que operan en las diversas regiones del estado y que no fueron identificados, investigados, judicializados ni desarticulados, continúan amenazando a los pueblos y comunidades”.
