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La cruzada migratoria del mandatario de la Unión Americana, que prometía centrarse en delincuentes peligrosos, ya alcanzó a parte de su propia base electoral. Entre ellos figuran migrantes sin estatus legal y familias de estatus mixto que respaldaron al mandatario conservador y ahora enfrentan el rigor de las deportaciones masivas. 

Casos recientes en varios estados ilustran cómo la política de “ninguna excepción” se aplica incluso a quienes lo apoyaron públicamente.

El empresario que vendía hamburguesas a nombre de Trump

En Texas, Roland Mehrez Beainy, originario de Líbano y propietario de la cadena Trump Burger, enfrenta un proceso de deportación. Llegó en 2019 con visa de visitante y, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permaneció más allá de la fecha autorizada.

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Beainy, de 28 años, aseguró para Houston Chronicle que las acusaciones “no son ciertas” y espera una audiencia en noviembre. Su restaurante, decorado con memorabilia política y menús satíricos contra adversarios del magnate, incluso destinó parte de sus ingresos a recaudar fondos para la campaña republicana. 

Sin embargo, ICE advirtió que el estatus migratorio irregular es motivo suficiente para la expulsión “sin importar las creencias políticas” o el negocio que se posea.

Un “salvavidas” haitiano bajo amenaza de expulsión

En Ohio, el profesor y traductor haitiano Marc Rocher, considerado indispensable por una familia que adoptó a dos menores de Haití, podría ser enviado de regreso a su país una vez que expire su Estatus de Protección Temporal (TPS).

Rocher huyó de la violencia en el país caribeño controlado por pandillas y desde entonces trabajó en escuelas con escasez de docentes para hablantes de creole. Aunque un tribunal bloqueó la cancelación inmediata del TPS, la medida sigue en pie para febrero de 2026.

En un condado que dio a Trump el 83% de los votos en 2024, su caso generó debate entre residentes conservadores que ven en él un ejemplo de integración, pese a la línea dura de su partido en la cuestión de migración.

Del apoyo incondicional al arrepentimiento

En Florida, familias latinas que apoyaron al actual inquilino de la Casa Blanca expresan sorpresa y molestia al ver detenidos a parientes sin antecedentes penales. Un cubano, que llegó bajo libertad condicional humanitaria en 2023 y cuyo esposo había sido deportado en 2019, fue arrestado recientemente en una audiencia migratoria y trasladado a un centro de detención en Texas. “Le creí al presidente cuando dijo que iba a deportar a los criminales”, dijo desde la detención a NBC News.

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Otro caso es el de Cynthia Olivera, canadiense y madre de tres hijos estadounidenses, arrestada durante una entrevista para su residencia permanente. Su esposo, Francisco, votante de Trump, afirmó a KGTV: “Quiero que me devuelvan mi voto”. Olivera había vivido más de dos décadas en Estados Unidos, pagado impuestos y carecía de antecedentes penales.

Encuestas que miden el desencanto

Si bien no se trata de un éxodo masivo de apoyo, encuestas recientes muestran grietas en la base de Trump. Un sondeo de la Universidad de Massachusetts Amherst reveló recientemente que solo el 69% de sus votantes de 2024 están “muy seguros” de su elección, frente al 74% de abril. El 14% afirma que, de poder hacerlo, cambiaría su voto: un 6% por Kamala Harris, un 5% por un tercer partido y un 3% se abstendría. 

Otra medición de Yahoo News-YouGov halló que el 17% de los votantes de Trump conoce a alguien que se arrepiente de haberlo apoyado, el doble que entre votantes de Harris.

La erosión no responde solo a la política migratoria. Desacuerdos sobre aranceles, recortes de Medicaid, apoyo militar a Ucrania y el manejo del caso Epstein alimentan un “malestar inminente” entre algunos republicanos, según analistas.

El costo político de la mano dura

Las detenciones de simpatizantes evidencian que la aplicación de las políticas migratorias no distingue entre opositores y partidarios. La administración reitera que cualquier persona sin estatus legal es susceptible de deportación, incluso si no tiene antecedentes criminales. La narrativa inicial de que solo se iría tras “los más peligrosos” ha quedado desdibujada en la práctica.

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En comunidades que votaron abrumadoramente por Trump, los casos de Beainy, Rocher, Olivera y otros se han convertido en espejos incómodos de una agenda que no concede excepciones. Aunque el apoyo general a Trump entre sectores conservadores sigue siendo alto, el contacto directo con el rigor de sus políticas está forzando a algunos a reconsiderar su lealtad.

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