Por Salvador Guerrero Chiprés
Una llamada innecesaria a las líneas de emergencias puede costar vidas. Así de simple.
La línea 9-1-1 es la primera puerta del gobierno ante los riesgos enfrentados por las y los ciudadanos, un puente entre necesidad y respuesta. Cada llamada que ingresa al número operado por el C5 activa una maquinaria compleja: cuerpos policiacos, bomberos, médicos en atención remota, ambulancias, unidades de protección civil.
Este recurso, vital y limitado, puede colapsar si se satura con falsos reportes, errores o bromas.
Por eso, la disminución del nueve por ciento en los reportes improcedentes al 9-1-1 no es un dato menor. Ese tipo de llamadas pasaron de 10 mil 313 en julio de 2024 a 9 mil 368 el mes pasado. En la práctica representa la posibilidad de atender mil emergencias reales.
En la Ciudad de México se registra una transformación en seguridad, expuesta ayer en la presentación del informe mensual ante la Jefa de Gobierno, Clara Brugada: una reducción de 11 por ciento en delitos de alto impacto en enero-julio de este año respecto al mismo periodo de 2024, más de 5 mil 500 detenidos y casi 3 mil judicializaciones. “Mayor capacidad institucional para enfrentar a quienes violan la ley”, sintetizó la mandataria.
Los resultados provienen de una estrategia sostenida, inversión en inteligencia y presencia territorial, así como de una mejora en la disposición cívica para reportar únicamente lo indispensable. Cada vez más personas asimilan la seguridad como gesto cotidiano y responsable.
Saber cuándo marcar al 9-1-1 es una cuestión de civismo como de política pública. ¿Qué clase de sociedad queremos ser? ¿Una que abruma a sus instituciones con usos indebidos o una que cuida sus recursos como un bien común?
La seguridad comienza cuando suena el teléfono y se marca con responsabilidad.
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