Las nuevas leyes locales contra la extorsión han logrado que en la Ciudad de México cerca del 86% de las tentativas fracasen, según datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
Empresas de seguridad privada destacan la coordinación con autoridades y refrendan su colaboración.
El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, atribuyó estos resultados a diversas estrategias aplicadas desde los gobiernos local y federal, como la iniciativa enviada al Congreso capitalino por la mandataria, Clara Brugada, para endurecer las penas por extorsión, medida que ahora se replica en otros estados.
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También han sido clave las denuncias ciudadanas a través del 911, 089, la línea 55-5036-3301 y la *765, pues una parte importante de las extorsiones afecta a mujeres.
“Todo este conjunto de elementos, más el incremento de una capacidad cívica preventiva, contribuyeron a esta disminución”, afirmó Guerrero Chiprés, aunque reconoció que la situación varía mucho entre estados.
Participación de todos
Para reforzar la estrategia, pidió que la ciudadanía mantenga su participación, junto con el esfuerzo institucional y el acompañamiento de la iniciativa privada.
Raúl Sapien Santos, presidente jurídico de Relaciones Políticas del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), destacó que el combate a la extorsión también afecta el financiamiento del crimen organizado.
Propuso crear un registro de líneas celulares con datos del usuario para identificar a los extorsionadores y sancionarlos.
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Sapien Santos refrendó que las empresas de seguridad privada mantienen coordinación con autoridades federales y locales, además ofrecen información útil para la investigación, judicialización y sentencia de estos delitos.
Agregó que su personal debe estar capacitado para no ser víctima ni facilitar datos por falta de preparación. De igual forma, señaló que las cámaras de videovigilancia en espacios privados también aportan pruebas clave para las investigaciones.
