Por las razones que hayan sido, Pablo Gómez Álvarez, uno de los sobrevivientes del Movimiento del 68, dejó de ser parte del Gobierno federal para encabezar una Comisión para la reforma electoral.
Se especula que fue a petición del gobierno de Estados Unidos, luego del escándalo por presunto lavado de activos de CiBanco, Intercam y Vector, denunciado por el gobierno trumpista.
Podría ser, no tenemos la información que lo confirme, pero lo que resulta relevante es que se trata de una herencia de López Obrador que se sacude la presidenta Claudia Sheinbaum.
Gómez fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el 8 de noviembre del 2021.
Desde su llegada al cargo, en sustitución de Santiago Nieto, Gómez cumplió con la tarea de exhibir datos reservados de, primero, periodistas incómodos a López Obrador, violando leyes que protegían esa información pero que satisfacían las revanchas presidenciales.
La UIF dejó de ser una unidad fiscalizadora, vigilante de que se cumplieran las normas que rigen el sistema bancario, para convertirse en una maquinaria de persecución política.
Quizá ese afán de complacer a López Obrador fue lo que determinó que Sheinbaum lo sacara del primer círculo hacendario y lo “compensara’’ con la presidencia de una Comisión que servirá solo para validar lo que desde Palacio Nacional se ordene.
No ha dicho, por cierto, que acepta el cargo; podría no hacerlo.
Y en ese mismo tenor de deslindes presidenciales, se puede ubicar sin duda el reconocimiento que hizo ayer la presidenta Sheinbaum al futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, con lo que pone fin a las especulaciones sobre una posible maniobra de tres ministras para encumbrar a una de ellas en lugar del oaxaqueño.
Todos quietos.
****
Hace algunos ayeres, antes de que el actual grupo político accediera al poder, pregunté a uno de sus más destacados militantes por qué no denunciaban ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) los presuntos actos de corrupción de los gobiernos priistas que decían haber descubierto.
“Porque entre ellos mismos se protegen y no va a pasar nada’’, respondió, justificando con ello su decisión de acudir “a instancias internacionales’’ a denunciar esos presuntos hechos contrarios a la ley.
Hoy que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hace lo propio bajo el mismo argumento, se le acusa de “vendepatrias’’.
¿Qué suerte tendría una acusación por delincuencia organizada en contra de gobernadores y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros, si las acusaciones sólo se restringieran a la Fiscalía General?
Exacto.
Pero lo que destaca en el fondo, es el mensaje del también senador tricolor: yo sí puedo ir a Washington y tener reuniones en el capitolio, no como otros…
Ups.
****
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que el estado sigue siendo un imán para las inversiones de todos tamaños gracias a una política de seguridad que ha reducido la comisión de delitos de alto impacto social.
“En materia de seguridad’’, aseguró, “tras años de estancamiento, hemos logrado avances concretos y significativos: pago de deuda heredada, mayor uso de inteligencia y tecnología, la policía mejor pagada del país, así como la creación del Grupo Centurión, especializado en casos de extorsión’’.
Lezama dijo que se redujeron los homicidios dolosos en más del 50% y los robos a negocios en 5.6% durante el primer semestre del año, y que se alcanzó un 94% de vinculaciones a proceso en delitos de alto impacto.
@adriantrejo
