Quién sabe cuál será el costo que pagarán el gobierno y su partido por este lance de querer resucitar el juicio de desafuero en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno.
La acusación es vieja y ya había sido desestimada por un juez que ordenó que el caso fuera archivado.
Moreno ha sido el único dirigente opositor que un día sí y otro también acusa al partido Morena y al gobierno de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Algo debió pegarle a ambos, a pesar de que se la pasan minimizando a la oposición, como para desatar nuevamente una cacería.
Pero lo hicieron en mal momento y con un pésimo tino porque obligaron al campechano a reaccionar como cualquiera en su lugar lo hubiera hecho.
El senador priista interpuso una denuncia penal en contra de Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha Moya, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andy López Beltrán por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Además, presentó un punto de acuerdo en la sesión de la Comisión Permanente en el que solicita que Adán Augusto López renuncie a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y al Senado para que enfrente los señalamientos que lo relacionan con el líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena.
Las denuncias en contra de los gobernadores morenistas y de una de sus corcholatas presidenciales en el 2024, ocurren justo cuando al gobierno le urge echarle tierra al tema porque ha sido precisamente la vinculación entre gobierno y delincuencia organizada la que más dolores de cabeza ha generado a Claudia Sheinbaum.
A pocas horas de que se conozca la decisión de Donald Trump sobre la aplicación de un arancel del 30% a los productos de exportación mexicana, una denuncia como la de Moreno por supuesto que le hará ruido al gobierno mexicano.
Que se conozca, en ninguna de las decenas de listas de presuntos funcionarios investigados por la DEA figura el nombre del priista, como sí ocurre con los gobernadores por el señalado.
Habrá que ver cómo se desarrolla el caso en las próximas semanas; podría haber sido un amago para censurar al priista o un intento desesperado para desviar la atención del tema Tabasco, que ha tambaleado la supuesta moralidad del partido guinda.
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Por cierto, hablando del exedén, Tabasco, ayer se dio a conocer que el secretario de seguridad pública, sucesor de Hernán Bermúdez Requena, el general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, fue detenido desde el 11 de junio y se encuentra preso en Guadalajara.
Chávez Martínez había sido nombrado sucesor de Bermúdez por el exgobernador Carlos Merino y posteriormente fue ratificado por Javier May.
Un año duró en el cargo, al que renunció después de que un grupo criminal lo acusara de incumplir un trato, justo el día en el que aparecieron tres decapitados de “La Barredora’’ cerca de Villahermosa.
Fue nombrado comandante de la Guardia Nacional en Colima, pero solo estuvo dos meses en el cargo, al que renunció el 1 de junio pasado.
La Secretaría de Seguridad informó que Chávez Martínez está preso por “violación y abuso de autoridad’’ y no por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, principalmente el CJNG.
¡Ah bueno! Eso ya es un alivio para la población.
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Ya salió el peine del por qué Samuel García quería un fiscal carnal: para que hiciera, precisamente lo que ocurrió en mayo, echarle tierra a una investigación por presuntos actos de corrupción que le habrían redituado más de mil millones de pesos.
Así pues sí.
@adriantrejo
