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Santa Catarina, NL.- El Gobierno de Santa Catarina subsidiará algunos costos de los trámites municipales que deberán realizar las industrias y comercios que se encuentran ubicados sobre la actual Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, derivado del cambio de nombre a “2 de octubre”, informó el Alcalde Jesús Nava Rivera.

Los trámites que serán cubiertos por el Municipio son la Constancia de Residencia expedida por la Secretaría de Ayuntamiento y el Alineamiento y Número Oficial a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. Para facilitar el proceso, se instalará una ventanilla única en IRPAC para una atención directa.

“No queremos que este cambio represente una carga para los empresarios y los comerciantes. Por eso vamos a asumir los costos municipales de estos trámites y brindarles una transición ordenada para no afectar sus operaciones administrativas y fiscales”, indicó el Edil.

La medida fue informada durante una reunión entre funcionarios municipales y representantes de Industriales Regiomontanos del Poniente A.C. (IRPAC), donde se explicó que el cambio de nomenclatura impactará a más de 160 predios ubicados en esta importante vialidad.

Los representantes industriales manifestaron su respaldo al cambio de nombre, reconociendo que se trata de una acción con sentido histórico y social, asimismo agradecieron al Gobierno Municipal por la cercanía y la coordinación para facilitar el proceso administrativo por el cual van a pasar las empresas y comercios.

En la reunión participaron Adrián Bahena Secretario de Ayuntamiento; Iván Medrano, Jefe de Gabinete; Erick Castillo, Secretario de la Oficina del Alcalde; Jorge Cervantes, Secretario de Economía; Carlos Téllez, Tesorero Municipal; Xóchilt Garza, Directora General de Sustentabilidad Urbana y Movilidad; Carlos Cruz, Director de la Técnica del Ayuntamiento, así como Javier García Saldívar, Director General del IRPAC y Guillermo Morales, Director Relaciones Gubernamentales IRPAC.

Cabe destacar que, el Municipio ya notificó formalmente del cambio a diversas dependencias estatales y federales, entre ellas las secretarías General de Gobierno, Seguridad, Finanzas del Estado, la Fiscalía General de la República, IMSS, INE, CFE, Agua y Drenaje de Monterrey, INEGI, SAT y el Consejo de la Judicatura del Estado, con el fin de asegurar una transición sin contratiempos.

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