Mientras el discurso antimigrante de Donald Trump promete una megaoperación de deportación masiva, el sistema de prisiones privadas en Estados Unidos se prepara para capitalizar esa narrativa. El fenómeno es visible en California City, una pequeña y empobrecida localidad del desierto californiano que se alista para albergar el mayor centro de detención migratoria del país.
El proyecto, a cargo de la corporación CoreCivic, se presenta como tabla de salvación para la ciudad: generaría al menos 500 empleos y dos millones de dólares en impuestos. “Nuestros residentes ya están siendo contratados”, afirmó a la AFP el alcalde Marquette Hawkins, quien defiende la iniciativa como una vía de reconstrucción económica.
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No obstante, críticos denuncian que la comunidad está siendo seducida por una lógica perversa: la de lucrar con el encierro de personas vulnerables.
Con más de 60 mil migrantes detenidos en junio —en su mayoría sin condenas penales—, el 80 por ciento en centros gestionados por empresas privadas bajo contrato con el ICE, la industria carcelaria vive un auge. De 107 centros en operación a inicios de año, se pasó a casi 200. “Nunca habíamos tenido tanta demanda”, celebró Damon Hininger, director de CoreCivic, frente a inversionistas.
Lucro de la injusticia
Pero detrás del crecimiento hay denuncias graves: falta de alimentos, agua, atención médica, hacinamiento y violaciones al derecho de defensa. La congresista demócrata Norma Torres acusó a estas compañías de “lucrar con el sufrimiento humano” y denunció trabas para inspeccionar centros donde el número de detenidos se ha disparado.
Kristen Hunsberger, del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes, alertan que el sistema “es una bomba de tiempo”. Relata casos de personas retenidas en aislamiento, sin contacto con abogados, presionadas para firmar deportaciones. “Parece una estrategia para quebrar su voluntad”, sostuvo a la AFP.
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El modelo de encarcelamiento con fines de lucro no se limita a la detención migratoria. Según The Sentencing Project, en 2024, 90 mil 873 personas estuvieron encarceladas en prisiones privadas, lo que representa el ocho por ciento del total de la población carcelaria estatal y federal. Desde el año 2000, esta cifra aumentó un cinco por ciento, con estados como Montana, Alaska, Arizona y Tennessee dependiendo en más de un 20 por ciento de estas instalaciones.
El drama migratorio, lejos de resolverse, se ha convertido en un engranaje rentable. CoreCivic y GEO Group amplían su influencia mientras capturan a miles de personas —muchos de ellos mexicanos— en una red donde el lucro avanza por encima de la dignidad.
