Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – El allanamiento de la casa de su directora, Dora Lilia Roblero, ocurrido el martes pasado “no es un hecho aislado”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).Añadió que “en menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento” en contra de un integrante del organismo “en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante el gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó las Medidas Cautelares MC-5210.
En un comunicado difundido la noche del jueves, explicó que el allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 horas del pasado martes 22, “cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta. Tras recibir el aviso, Dora les solicitó que encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, con lo que se percataron de un ruido en la planta alta”.
Agregó que ante ello “procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, después de lo cual arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 horas”.
Señaló que “a su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par y un frasco de champú estaba tirado en la regadera”.
El Frayba manifestó que “ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 horas, un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911”.
Dijo que a las 22:02 horas, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 horas, llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 horas”.
Ante estos hechos, abundó, “realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano; así lo demuestran los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo”.
Sostuvo que “este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas”.
Exigió al Estado mexicano que “garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad”.
Convocó “a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos oscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas”.