En medio del endurecimiento de la política anti migrantes bajo la administración de Donald Trump, comunidades migrantes en Estados Unidos encontraron en la tecnología una vía de protección. Aplicaciones como Coquí e ICEBlock irrumpen como herramientas clave para advertir sobre la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando una red de avisos que pretende evitar detenciones arbitrarias.
Óscar, un migrante venezolano con estatus de protección temporal, asegura que gracias a Coquí evitó operativos durante sus trayectos laborales. “Tengo miedo aunque esté legalmente aquí”, dijo a CBS News. “He visto deportar a conocidos por simples inspecciones”.
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Coquí fue desarrollada por Peter, un defensor de animales que prefiere mantener su apellido en anonimato. Preocupado por el ausentismo laboral de sus empleados debido a redadas migratorias, creó una plataforma que no recopila datos personales. En ella, los usuarios pueden reportar ubicaciones de operativos y localizar negocios “seguros”. Inspirada en la rana puertorriqueña homónima, la app se ha convertido en un símbolo de solidaridad.
Obstaculo o escudo
Las autoridades, no obstante, cuestionan estas herramientas. Madison Sheahan, subdirectora de ICE, acusó que “obstaculizan la labor policial” y podrían “alentar actos violentos”, aunque no presentó evidencia que sustente dichas afirmaciones. Desde Coquí, la respuesta fue clara: “Defender a tus vecinos no es una amenaza, es un deber”.
Otra app, ICEBlock, ya superó el millón de descargas, provocando incluso repercusiones laborales. Carolyn Feinstein, exempleada del Departamento de Justicia, fue despedida por su vínculo con el creador de la aplicación, su esposo Joshua Aaron. ICEBlock permite rastrear actividad migratoria en un radio de ocho kilómetros y ha sido acusada por funcionarios de fomentar la evasión. Sin embargo, la mayoría de sus usuarios carece de antecedentes penales.
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Un reporte del Los Angeles Times reveló que el 70 por ciento de los detenidos en redadas masivas en California no tenía condenas, y más de la mitad jamás fue acusada de delito alguno. Su única falta: permanecer en el país sin papeles, lo cual constituye una infracción administrativa.
