El presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió al Gobierno de Estados Unidos una copia del expediente del general Cienfuegos en el que la DEA basó su operativo del 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, para que el documento fuese el punto de partida de la investigación ordenada por la Fiscalía General de la República de México y dejar en claro el fondo de los sucesos.
La revisión de ese voluminoso legajo -muy al estilo estadounidense de juntar hojas y hojas y hojas a veces con temas irrelevantes- llegó a la conclusión de que no se había hecho en EU una indagatoria profesional, en términos jurídicos. De un tema en el que se subrayó la investigación mexicana fue el más obvio: indagar las finanzas personales del exsecretario de la Defensa Nacional, sin duda de los más verificables en razón de su cargo y de lo delicado de sus funciones, y no se encontró ninguna irregularidad en ingresos y gastos.
Ahí fue donde el presidente López Obrador dio la orden de que se hiciera público todo el legajo entregado por la DEA para que fuera de consulta ciudadana y se probara su argumentación de que había evidencias que eran chismes y acusaciones ridículas basadas en informaciones nunca verificadas por las autoridades americanas.
Pero hubo un detalle que es necesario subrayar: la Fiscalía General de México dice haber solicitado en más de tres ocasiones al Gobierno de Estados Unidos los elementos de prueba que se usaron en contra del obsequio de la orden de aprehensión contra el general Cienfuegos y la oficina mexicana invocó el tratado de asistencia jurídica que existen entre las dos naciones.
El propósito de México era integrar su propio expediente para verificar las pruebas documentales, fotográficas, de audio y video, perfil privado de los testigos y lo que había sido tomado en cuenta para la orden de aprehensión.
No llegó nada y el caso Cienfuegos terminó en un soberano ridículo para el sistema judicial y de seguridad en materia de narcotráfico del Gobierno de Estados Unidos.
Zona Zero
En algunos niveles de la estructura de seguridad de México comienzan a ver que el gobierno del presidente Trump decretó a seis cárteles mexicanos del narcotráfico como narcoterroristas y con ello pudo liberar el uso de ciertos mecanismos antiterroristas agresivos e ilegales de Washington, no tanto para probar sus dichos sino para indagar si estos grupos realmente eran una amenaza terrorista contra el territorio americano. Y no, o no han hecho nada o no han encontrado evidencias acreditables al narcoterrorismo. Al menos hasta ahora.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
