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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) abrir una investigación contra el partido Movimiento Ciudadano (MC) por su presunta intervención en la elección judicial, a través de la distribución de acordeones.

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Durante la sesión de este miércoles, por mayoría, los magistrados revocaron el acuerdo de desechamiento y ordenaron que se abra el expediente.

Esta es la información actualizada, corte al 2 de julio de 2025, del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de #ViolenciaPolítica contra las mujeres en razón de género pic.twitter.com/pHMh0GS7WH

— @INEMexico (@INEMexico) July 16, 2025

Denuncia ante el INE por tema de acordeones

El magistrado Reyes Rodríguez señaló que la “denuncia presentada se basa en notas periodísticas que aportan una serie de indicios y circunstancias de tiempo, modo y lugar, suficientes para iniciar una investigación sobre posibles irregularidades denunciadas con la distribución de los llamados acordeones en la elección judicial y la posible operación de un partido político, Movimiento Ciudadano, para inducir el voto por ciertas candidaturas al Poder Judicial Federal en las elecciones en Nuevo León”.

Cuartoscuro |  

Consideró que la “Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con base en los elementos contenidos en los reportajes periodísticos puede y, en mi opinión debe emplear sus facultades de investigación para allegarse de mayores elementos y esclarecer los hechos denunciados, presentando ante la Sala Especializada la instrucción de su investigación y que resuelva en la instancia jurisdiccional”.

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La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, dijo que acompañaría el ordenamiento porque “si bien se da por sentado que la queja tiene los elementos indispensables para que se admita, lo cierto es que la autoridad responsable, dado el criterio que adoptó, no hizo ningún ejercicio de investigación de tipo preliminar e incluso certificación, a fin de obtener elementos suficientes para estar en condiciones de determinar si los hechos denunciados pueden o no constituir un ilícito electoral y, en consecuencia, justificar el inicio o no del procedimiento administrativo”.

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