Redacción
Un grupo de estados estadounidenses, liderado por autoridades demócratas, presentó una demanda federal con el objetivo de revertir la eliminación de un programa nacional orientado a la mitigación de desastres. La acción legal se basa en el argumento de que el gobierno de Donald Trump actuó fuera de sus atribuciones al cancelar unilateralmente una iniciativa previamente aprobada por el Congreso.
El programa, conocido como Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes, asignaba recursos para reforzar la preparación ante desastres naturales mediante mejoras en obras públicas y sistemas de respuesta. Los demandantes sostienen que esta decisión vulnera el equilibrio de poderes, ya que los fondos contaban con respaldo legislativo.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), encargada de implementar el programa, se encuentra en el centro del debate tras las recientes críticas por su actuación frente a emergencias en distintos estados. Los cuestionamientos se intensificaron luego de las inundaciones en Texas, que reavivaron la discusión sobre la eficacia de las políticas públicas para enfrentar fenómenos climáticos extremos.
Los estados involucrados en la demanda destacan que la cancelación del programa podría dejar a millones de personas más expuestas frente a huracanes, incendios forestales o inundaciones. En su planteamiento legal, se cuestiona la legalidad de una medida que modifica el destino de fondos públicos sin el consentimiento del Poder Legislativo.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional y FEMA mantienen silencio sobre la controversia, el caso se encamina a una batalla legal que podría marcar un precedente sobre el uso de recursos federales destinados a la prevención y gestión de desastres en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.
-Varios estados de EE.UU. emprendieron acciones legales contra la administración Trump tras la eliminación de un programa federal destinado a fortalecer la infraestructura frente a eventos climáticos extremos. La disputa gira en torno al uso de fondos aprobados por el Congreso.