Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de las Casas, Chis. – La Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh), la agrupación Otros Mundos y la vicaría de la diócesis de San Cristóbal, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, pidieron al gobierno federal “resolver” la situación de cinco indígenas tseltales del municipio de Cancuc, presos desde 2022 y cuya liberación solicitó el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado agregaron que el gobierno “tiene hasta el mes de octubre para informar sobre el cumplimiento de la decisión” del Grupo de Trabajo de la ONU.
Recordaron que los indígenas, Manuel Santiz Cruz, defensor de derechos humanos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, evangélicos, “fueron detenidos en 2022 y presos ilegalmente y sentenciados inicialmente a 25 años de prisión”.
Señalaron que “luego de presentar las apelaciones correspondientes por parte de estas representaciones legales, se redujo la sentencia a 18 años y 6 meses”.
Las agrupaciones mencionadas aseguraron que los cinco indígenas fueron detenidos “sin orden de aprehensión, estuvieron incomunicados y bajo desaparición forzada por 24 horas, sin abogados, sin intérpretes, con uso excesivo de la fuerza, entre otras anomalías, atropellos e ilegalidades”.
Insistieron en que el Grupo de Trabajo de la ONU “considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los cinco individuos inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
Además, abundaron, “el Grupo de Trabajo insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
Por todo lo anterior, pidieron al gobierno mexicano “resolver en atención a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que el 15 de mayo pasado solicitó la liberación de los cinco tseltales.
