La extorsión arrebata algo más que bienes, arrebata la tranquilidad, la confianza y hasta la dignidad de las personas. Por eso, hablar de seguridad y construcción de la paz no sólo se refiere a hablar de cifras o estrategias, sino de la vida misma de quienes tienen que tomar decisiones bajo amenaza, vivir con miedo y, muchas veces, callar por temor a represalias.
Por eso, celebramos la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que el delito de extorsión se persiga de oficio. Se trata de una decisión de fondo que responde a una realidad: que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza. Esta reforma, precisamente, busca que ese silencio ya no sea una barrera para que el Estado actúe.
Cuando el Estado toma la responsabilidad de iniciar la persecución penal sin necesidad de una denuncia formal, da un paso fundamental, es decir, asume su deber como protector de la ciudadanía. Esta visión es profundamente humana, porque ya no solamente se trata de fortalecer el marco legal, se trata de construir una justicia más cercana, sensible y eficaz.
La propuesta que presentó la Presidenta no viene sola, forma parte de una estrategia integral que contempla herramientas tecnológicas, inteligencia financiera, operativos en centros penitenciarios y la operación del número 089 para denuncias anónimas; todo con el fin único de romper el ciclo de impunidad que permite que este delito crezca en las sombras.
Es importante señalarlo con claridad: la verdadera transformación consiste en colocar a las personas en el centro de las decisiones; que quien sufra una extorsión sepa que no está sola o solo, que el Estado está atento, que actúa, que responde. Y esta reforma permitirá que eso sea una realidad.
También hay otro componente clave: la armonización legal. Actualmente, los marcos jurídicos estatales son desiguales y muchas veces dejan vacíos que entorpecen la justicia. En ese sentido, al permitir que el Congreso de la Unión expida una Ley General contra la Extorsión, se construye un piso parejo en todo el país y se refuerza la coordinación entre las fiscalías.
Por nuestra parte, en la Cámara de Diputados, estaremos atentos para analizar y discutir esta reforma, porque la integridad de las víctimas no puede depender del valor que tengan para denunciar, sino del compromiso del Estado mexicano para protegerlas. Porque cada extorsión frustrada es una familia que duerme tranquila y cada extorsionador detenido es una red de miedo que se rompe.
La visión de seguridad que impulsa esta reforma parte del cuidado, no del castigo. Parte de la confianza, no del miedo. Y eso, al final del día, todas y todos lo buscamos. Porque la justicia empieza ahí, y es nuestro deber hacerla posible.
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