Luego de haber conocido su condición judicial contractual, el exfuncionario, Gerardo Vargas emitió una postura sobre el caso a través de un comunicado. En el documento, Vargas señaló que “si tuviera que tomar esa decisión otra vez, lo haría sin dudar”, esto al referirse al arrendamiento de patrullas.
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“Nuevamente estoy vinculado a proceso por dos delitos que ya me habían imputado. Esto, a pesar de los dictámenes técnicos y financieros que demostraron claramente que no hubo daño alguno al patrimonio público“, afirmó el expresidente municipal.
Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sinaloa acusa a Gerardo Vargas de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público. Esto por el arrendamiento de al menos 126 patrullas y que representó una adjudicación de un monto al rededor de los 171 millones de pesos.
Además de ello, explicó que la decisión del arrendamiento de dichas patrullas era necesaria debido a la crisis de inseguridad que había en medio de la pandemia. También señaló que el municipio de Ahome se ahorró 12 mdp junto a una disminución de la inseguridad en un 47 por ciento.
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“No fue una ocurrencia ni una improvisación. Fue una medida necesaria en medio de una pandemia global, cuando la escasez de vehículos era crítica por la falta de micro-procesadores (chips) y que la inseguridad exigía respuestas inmediatas”.
Por último, Gerardo Vargas señaló que “siempre ha respetado la ley y lo seguirá haciendo”.
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Tras esta determinación, la autoridad judicial otorgó seis meses a la fiscalía para presentar la investigación complementaria del caso. La próxima audiencia donde se darán más detalles del caso tendría lugar hasta enero de 2026.