El decomiso más grande de huachicol, una estrategia integral contra la extorsión y el descenso sistemático de la incidencia delictiva de alto impacto, tanto en lo federal como en la capital nacional, dan cuenta de un cambio de ritmo y método frente a la inseguridad: la apuesta por una mezcla de inteligencia, datos y reorganización institucional con impactos operativos duros, concretos y visibles.
Aunque hay avances, también persisten vacíos y retos. Son exhibidos, por ejemplo, con el muy revelador robo de 33 toneladas de oro y plata en Chapala, Jalisco, o en la necesaria construcción de una agenda cívica en contra del racismo y discriminación que en estas cuatro reales y simbólicas transformaciones históricas no han desaparecido, aunque es muestra de avance el que ahora las ladies racistas sean escandalosa y generalizadamente percibidas como inaceptables.
Frente a las inercias, en la disposición política está la oportunidad de impulsar estrategias disruptivas y generadoras de entornos de paz.
Esa es una predisposición asertiva clave mostrada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al atender los asuntos y presentar imaginativamente respuestas de movilización institucional frente a la inseguridad y en relación con los perjuicios respecto a segmentos de la población.
El huachicoleo tuvo uno de los mayores golpes en su contra con el decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos contenidos en 129 ferrotanques en operativos en Ramos Arizpe y Saltillo, en Coahuila, inevitable ilustración de capacidades actuales.
Inteligencia en la investigación y habilidad operativa acompañadas por la capacidad de reconocimiento ante delitos en la extensión práctica de aquello con oferta de resultados como sucedió y ocurre en la CDMX.
Aun con la diversidad de características de las víctimas y las formas de operar de los delincuentes, la estrategia antiextorsión presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, apunta a los sitios donde se origina el delito y las entidades que lo concentran y que, en buena parte, la Jefa de Gobierno había adelantado desde noviembre del 2024.
Brugada instruyó una estrategia encaminada al impulso de la denuncia, con la creación de la Línea Antiextorsión 55 5036 3301, operada desde el C5 y que junto con el 089 para la denuncia anónima y el 9-1-1 ha recibido 10 mil 227 reportes. Integró reformas legales para tipificar la extorsión como delito grave, perseguible de oficio y con nuevos agravantes.
Los datos duros, presentados ayer en el Informe de Seguridad de la CDMX, revelan una baja de 10 por ciento en los delitos de alto impacto al primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2024. Brugada apuesta a mantener esa tendencia.
Hay disposición política contra la inseguridad. Debe haberla en todas las entidades, incluso donde gobernantes parecen más obstáculo que activos contra ella.
@guerrerochipres
