En un momento clave para la agenda de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno estadounidense reportó en junio un mínimo histórico en los cruces ilegales de migrantes por la frontera sur, con apenas 6 mil 70 detenciones registradas por la Patrulla Fronteriza.
Esta cifra representa una caída del 15 por ciento respecto a marzo pasado, y es, según la Casa Blanca, el nivel más bajo desde que se tiene registro.
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La administración del magnate atribuyó el descenso a sus políticas migratorias “agresivas y eficaces”. Entre las medidas implementadas destacan deportaciones exprés sin audiencia de asilo, suspensión de liberaciones y una creciente militarización de la frontera, con la presencia de soldados y la habilitación de zonas de retención temporal.
Seguridad Nacional
Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, celebró lo que denominó “la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, al resaltar que en junio se contabilizaron 25 mil 243 encuentros a nivel nacional (incluyendo los de la frontera sur), el número más bajo registrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). “El mundo escucha nuestro mensaje: la frontera está cerrada para quienes infringen la ley”, escribió en X.
Paralelamente, el Congreso debate la nueva ley fiscal que canalizaría más de 134 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza, incluyendo la ampliación del muro, más centros de detención y la contratación de 20 mil nuevos agentes.
Aunque Trump ha consolidado el respaldo de sus bases con esta narrativa de orden y control, las críticas no cesan. Activistas y autoridades locales denuncian operativos indiscriminados y violaciones al derecho de asilo, mientras cifras recientes revelan que menos del 10 por ciento de los detenidos por ICE enfrentan cargos por delitos violentos.
Juez frena veto de Trump al asilo en frontera
Un juez federal bloqueó la orden de Donald Trump que prohibía solicitar asilo a quienes cruzaran ilegalmente desde México. El magistrado Randolph Moss, designado por Obama, consideró que la medida violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pues el Ejecutivo no puede sustituir normas aprobadas por el Congreso. El fallo fue suspendido por 14 días para permitir una apelación.
La Casa Blanca criticó la decisión, mientras que organizaciones civiles la celebraron como una reafirmación del equilibrio de poderes y una protección vital para solicitantes de asilo en riesgo.
