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Ediles han sido protagonistas de escándalos que van desde la violencia familiar, abuso de poder Y hasta vínculos con el crimen organizado y homicidio

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

Alcaldes y exalcaldes del Estado de México, han cruzado la línea de la legalidad para convertirse en protagonistas de escándalos judiciales por delitos que van desde la violencia familiar y el abuso de poder, hasta vínculos con el crimen organizado y homicidio.
Entre 2022 y 2025, al menos diez presidentes municipales mexiquenses, han sido arrestados o enfrentan procesos penales por graves acusaciones, revelando una preocupante tendencia de corrupción e impunidad en el ámbito local.

Uno de los casos más recientes es el de Selenne “N”, presidenta municipal de Capulhuac, detenida en mayo de 2025 por su presunta participación en una agresión física y sexual contra una trabajadora del DIF, en complicidad con su hija y un policía. Fue vinculada a proceso y enviada al penal de Santiaguito.
En Tianguistenco, el alcalde Diego Eric “N” fue arrestado por extorsión, aunque previamente había sido denunciado por agresión sexual. El exalcalde de Zacualpan, Fidel Figueroa Gómez, fue sentenciado a 236 años de prisión por colaborar con La Familia Michoacana, en un atentado que costó la vida a un escolta del fiscal regional.

En Zinacantepec, Gerardo Nava Sánchez, edil entre 2019 y 2021, recibió una condena de más de 40 años por ser autor intelectual de un ataque armado contra un regidor. En Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Matías y Pedro Luis “N”, exalcaldesa y alcalde en funciones respectivamente, fueron detenidos por presuntos vínculos criminales y extorsión durante la Operación Enjambre.
En Amanalco, María Elena Martínez, expresidenta municipal, fue arrestada en noviembre de 2024 por el homicidio de un exsíndico y su chofer. En Almoloya de Alquisiras, Ari Patrick “N” fue acusado de imponer cuotas ilegales a comerciantes, lo que derivó en su prisión preventiva.

En Toluca, el exalcalde Raymundo Martínez enfrenta un proceso por secuestro exprés con fines de extorsión contra un familiar de su expareja. Estuvo prófugo y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.
En Almoloya de Juárez, el exedil Óscar “N” fue vinculado a proceso por violencia familiar tras agresiones psicológicas contra sus hijos. Aunque no está encarcelado, enfrenta medidas cautelares. Estos casos muestran cómo el poder municipal puede convertirse en un instrumento de abuso, encubrimiento y colusión criminal.

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