¿Qué opinarán los sobrevivientes del movimiento del 68, que durante décadas culparon al gobierno en turno y al Ejército por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, del poder que ahora Morena entregó a las Fuerzas Armadas?
¿Dónde está la voz de Pablo Gómez, quien vivió en carne propia la represión gubernamental, o del propio Cuauhtémoc Cárdenas, críticos acérrimos del papel de la milicia en labores de seguridad?
Ya las redes se han encargado de revivir los discursos furiosos de López Obrador, de Gerardo Fernández Noroña o de Citlalli Hernández criticando, y no con el mejor diccionario, “la militarización’’ del país.
¿Qué les pasó a los izquierdistas de antes que ahora, tras las mieles del poder, no ven otro camino que habilitar al Ejército en labores policiacas y de inteligencia, autorizándoles todo lo que antes criticaban?
Un político de oposición asegura que el cambio se debe a que “no es lo mismo ser borracho que cantinero’’, pero la explicación tiene que ser mucho más amplia y convincente.
La 4T justificó la medida con el discurso de la colonización de las policías municipales y estatales a manos de la delincuencia organizada.
Pero la misma 4T decidió acabar con la partida para seguridad que recibían los municipios porque, según López Obrador, el dinero “se lo robaban’’ o los gobiernos estatales y locales lo destinaban a “otras cosas’’.
Las policías locales nunca fueron fortalecidas; permanecen con salarios miserables, sujetos a la disyuntiva de plata o plomo.
La coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad sigue siendo una aspiración; ahí están los casos terribles de Guanajuato y de Sinaloa, entidades militarizadas que siguen encabezando la lista de masacres en el país.
Claro que hay modelos de seguridad que funcionan o funcionaron en su momento.
Hoy destaca el caso de Coahuila, y no hace mucho, el de Yucatán y el de Campeche de la administración anterior; las dos últimas entidades consideradas en el sexenio peñista como las más seguras del país.
Para ser izquierdistas, los morenistas resultaron bastante (ultra)derechistas.
¿Qué les pasó en el camino?
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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella decidió el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Llama la atención el énfasis en el “yo lo nombré’’, como si alguien dudara que fue su decisión.
¿Porque sí fue suya, verdad?
¿Verdad?
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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, anunció el inicio de una investigación para determinar si hay delito o no en el hecho de que uno de los principales proveedores de Guanajuato, Seguritech, haya rentado una casa en Houston al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez.
El asunto ha trascendido más allá de la tierra de José Alfredo Jiménez.
A nivel federal, se están buscando los contratos que la empresa pudiera tener con dependencias federales o gobiernos estatales, como Zacatecas, Morelos, Veracruz, no vaya a ser que también se encuentren a algún exfuncionario morenista también rentando casas a la misma proveedora.
Ya saben, para evitar otra “Casa Gris’’, como la que hizo famoso a José Ramón López Beltrán.
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Como si no fuera suficiente el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la CDMX, hoy se sumarán a las protestas trabajadores de la Consejería Jurídica, Dirección General de Servicios Legales, Defensoría Pública y Justicia Cívica, del gobierno local.
La manifestación es para exigir la renuncia del director general de Servicios Legales, José Juan Torres Tlahuizo, a quien señalan por abusos y acoso laboral.
Se le anda haciendo bolas el engrudo a Clara Brugada.
@adriantrejo
