El Centro Prodh señaló que las reformas para combatir las desapariciones son insuficientes y no atienden la problemática de personas no localizadas.
Las reformas aprobadas en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados a la Ley General en materia de desapariciones son insuficientes y no representan un avance sustantivo para atender la crisis más dolorosa que enfrenta el país”.
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Una de las preocupaciones son “los riesgos a la privacidad y a otros derechos asociados a la CURP biométrica que alimentará la Plataforma Única de Identidad y la falta de controles para su operación”.
Una de las alertas es que se “elimina el reporte administrativo de desaparición y centra esfuerzos en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, dejando de lado casos donde las familias no pueden denunciar por temor a represalias, en regiones controladas por la macrocriminalidad o por ser migrantes”.
A su vez, “no se incluyen medidas concretas para enfrentar el #RezagoForense. No hay una referencia al Centro Nacional de Identificación Humana #CNIH, cuya operación ha sido obstaculizada por las fiscalías que alegan la falta de marco legal”.
Para la organización civil “los cambios parten de una premisa equivocada: suponer que la crisis de desapariciones es de cifras y se resolverá interconectando bases de datos, en lugar de impulsar acciones integrales para abordar la crisis forense y delinear una Política Nacional”.
Criticaron que la “aprobación vía fast track dentro de un atribulado periodo extraordinario de sesiones, es un retroceso, pues se privó de la participación a las familias en el foro legislativo, como se hizo en la discusión de la Ley en 2017”.
