En todo México, el delito de la extorsión es el que más se ha incrementado en los últimos años.
No hay familia que se haya salvado de un intento de chantaje, o un comercio o ciudadano común de una extorsión.
En lo que va de la actual administración, este delito creció 45.3% comparado con el mismo periodo del sexenio anterior, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tan solo en la CDMX, la extorsión creció 172% en el primer cuatrimestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2024.
Se conoce que la mayoría de estas llamadas proceden de los reclusorios desde donde operan bandas perfectamente organizadas, que sobornan a las autoridades carcelarias para obtener y utilizar teléfonos celulares.
A pesar de que el bloqueo de la señal de los celulares es un procedimiento relativamente fácil (lo aplican en conciertos multitudinarios), las autoridades de todos los niveles no lo han podido o querido hacer, por negligencia o complicidad.
¿Cómo obtienen esas bandas de extorsionadores los datos telefónicos, de transacciones bancarias o de compras en tiendas departamentales para después?
Al azar, lanzando señuelos que muchos muerden.
Imagínese ahora, con la aprobación de la nueva ley de Telecomunicaciones que faculta a la Secretaría de Gobernación a realizar un padrón con toda la información biométrica del ciudadano, que será utilizada para compartirla con las fiscalías de todos los estados y la federal, con las Fuerzas Armadas, con cualquier autoridad pues, sin que medie una orden judicial.
Imagínese que dicha ley aprobada por Morena y sus habituales socios, entre los que habría que contar ya, sin filtros, al Movimiento Ciudadano, obliga a las empresas proveedoras de telefonía móvil e internet a proporcionar los datos de cada uno de los mexicanos con teléfono celular en tiempo real para vigilarlos.
Esto, que fue aprobado el sábado, implica uno de los mayores riesgos para la seguridad pública, personal y desde luego para la seguridad patrimonial.
No hace mucho, se encontró que por 3 mil pesos usted podía comprar el padrón electoral (si, ese que contiene todos los datos de los mexicanos mayores de edad), en Tepito.
Se supone que esa es información confidencial que se confió, en su momento, al INE, que presumía un sistema de seguridad a prueba de hackers.
Pero no fue un hacker quien filtró la información, sino un representante del PT, que lo hizo, dijo, “por error’’.
En una época marcada por la corrupción en las filas policiacas, en las fiscalías y ahora entre personal militar, ¿qué le garantiza a un ciudadano común que su información básica no caiga en manos de la delincuencia organizada?
¿Qué o quién le garantiza a usted, lector, que un adversario pague para que le entreguen información suya, la que sea, con tal de sacar revancha?
¿Qué le garantiza al país que delitos como extorsión o secuestro no se van a disparar -más- si se filtra dicho padrón? ¿Qué seguridad tenemos los mexicanos de que dicha ley, aprobada supuestamente para “vigilar’’, no se utilice después para extorsionar, amenazar, chantajear o intimidar a quienes no están de acuerdo con el gobierno?
Eso ni siquiera los promotores de dicha ley lo pudieron garantizar.
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Hay políticos que pasan a la historia por sus obras y otros por sus frases.
En este último apartado vaya apuntado al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien se aventó la puntada de declarar a los cuatro vientos que la 4T “es la dictadura más democrática’’.
Bueno…
@adriantrejo
