Redacción
Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó en periodo extraordinario la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
Durante la discusión, se incorporaron cuatro reservas: dos propuestas por el morenista Javier Corral, relacionadas con ajustes al artículo 10 y al noveno transitorio, y otras dos impulsadas por el senador Ricardo Sheffield, que otorgan facultades a la futura Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar aumentos injustificados en el precio de los equipos móviles.
Legisladores del PAN y PRI votaron en contra del dictamen y advirtieron que, a pesar de ciertos cambios, persisten riesgos de censura y vigilancia sobre la ciudadanía. Ricardo Anaya, coordinador panista, señaló que la eliminación del artículo 109, que planteaba el bloqueo de plataformas digitales, ocurrió únicamente por presión social. En su intervención, acusó al oficialismo de mantener disposiciones como la suspensión precautoria de transmisiones y el registro obligatorio de líneas móviles sin supervisión judicial.
Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, calificó la legislación como un instrumento para consolidar un régimen autoritario. Según su postura, las nuevas disposiciones amplían el control del gobierno sobre los medios de comunicación y la vida privada de los ciudadanos.
Desde la mayoría legislativa, el senador Manuel Huerta rechazó los señalamientos y aseguró que la ley busca garantizar una comunicación más accesible y equitativa, sin propósitos de espionaje o censura.
El nuevo marco legal contempla la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano con independencia técnica y operativa, integrado por cinco personas propuestas por la Presidencia de la República y ratificadas por el Senado. Esta comisión se encargará de supervisar, autorizar y sancionar a los actores del sector. Sus sesiones serán públicas.
A pesar de esta medida, la senadora priista Claudia Anaya cuestionó la legalidad de dichos nombramientos, al considerar que el Senado no posee facultades constitucionales para ratificarlos.
El dictamen también elimina la facultad de censura previa a medios internacionales desde la Secretaría de Gobernación y reduce el alcance de la Agencia de Transformación Digital. Esta última se mantendrá a cargo de la política estatal de conectividad, acceso satelital y uso del espectro radioeléctrico.
