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El Senado de la República aprobó este miércoles, en lo general y particular, la reforma para combatir el lavado de dinero en el país, conocida como Ley Antilavado.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones en lo general, se avaló el dictamen que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 400 bis del Código Penal Federal, por lo que se remitió a la Cámara de Diputados para seguir su trámite legislativo.

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Durante la discusión, los senadores de Morena impulsaron una adecuación de última hora para quitar las referencias al financiamiento al terrorismo de la reforma antilavado, debido a que no era el principal objetivo de los cambios.

Los senadores de Oposición advirtieron que la reforma es persecutoria contra los ciudadanos de trabajos informales y otorga superpoderes a la Secretaría de Hacienda, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Guardia Nacional para perseguir el lavado de dinero.

Ángel García Yáñez, senador de PRI, dijo que “tiene un trasfondo autoritario, que entrega superpoderes a la Secretaría de Hacienda, es un retroceso y pon en peligro los poquitos poderes que nos quedan”.

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Por su parte, María Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó que la reforma no es clara pera definir a las personas políticamente expuestas, lo que derivaría en persecución contra personas por sospechas de lavado de dinero.

¿En qué consiste la reforma a Ley Antilavado?

La reforma actualiza definiciones como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.

Incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas; y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitar al personal, realizar auditorías en entidades de riesgo alto, implementar sistemas automatizados de monitoreo y gestionar reportes electrónicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas no concluidas.

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