Guadalupe de la Cruz
A pesar de los avances institucionales, el Poder Judicial del Estado de México reconoce que aún falta camino por recorrer para garantizar el acceso pleno a la justicia para los pueblos originarios. Así lo admitió el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez, quien señaló que todavía hay leyes, procedimientos y documentos oficiales que no han sido traducidos a lenguas indígenas.
Desde la creación de la Sala de Asuntos Indígenas, el Poder Judicial ha emprendido acciones para atender a los pueblos originarios con pertinencia cultural y lingüística, “uno de los principales retos sigue siendo la conformación de un cuerpo sólido de peritos intérpretes y traductores, así como la revisión completa del marco legal estatal para su adaptación y traducción”.
“Falta revisar todo el marco normativo del Estado de México. Ya tenemos la Constitución local traducida, así como un protocolo aprobado en la Sala de Asuntos Indígenas, pero aún quedan pendientes leyes y procedimientos”, afirmó.
El magistrado explicó que se trabaja en colaboración con instituciones académicas y autoridades estatales para fortalecer el fondo de peritos en lenguas originarias. No obstante, insistió en que es urgente reclutar más especialistas que permitan cubrir la creciente demanda de atención intercultural en los tribunales.
Asimismo, mencionó que el Poder Judicial inició un curso intensivo de capacitación dirigido a jueces y magistrados electos, con el objetivo de profesionalizarlos bajo un enfoque práctico y con perspectiva de derechos humanos. El programa, que se desarrollará de julio a agosto, contempla formación en argumentación jurídica, control de convencionalidad, digitalización, género y estructura de resoluciones.
Díaz Juárez, señaló que el curso sigue un modelo de maestro-aprendiz, en el que jueces y magistrados con experiencia acompañan a los nuevos integrantes en el día a día de los juzgados y salas del tribunal.
“No se puede formar a un juzgador en dos meses, pero este curso permite acompañarlos desde la práctica. Quienes participan están comprometidos social y éticamente con su función”, apuntó.
Finalmente, el magistrado presidente también subrayó que las acciones emprendidas son parte de un esfuerzo interinstitucional que, pese a no contar con recursos asignados para estudiantes o colaboradores externos, ha permitido avanzar en la visibilización de las necesidades de pueblos originarios y afrodescendientes.
“Este es un paso histórico, pero falta mucho por hacer. La justicia debe ser accesible y comprensible para todos, sin importar su lengua o procedencia”, concluyó.
