La elección del nuevo Poder Judicial no termina de cuajar porque el INE detectó por lo menos 60 casos de candidatos ganadores que no cumplen con el requisito constitucional de tener un promedio mínimo general de 8 y de 9 en las materias en las especialidades de derecho por la que los involucrados compitieron.
Además, el Instituto tiene el enorme reto de que la propia Constitución mandata que se aplique la paridad de género, lo que supone bajar a hombres o mujeres ganadoras en algunos distritos judiciales para cumplir esta obligación.
Los promedios mínimos para que los aspirantes pudieran llegar a los cargos lo estableció el Legislativo en la redacción de los artículos constitucionales, por lo que no hay espacio ni para la interpretación ni para la negociación, como lo dejó en claro el consejero Uuc-Kib Espadas.
El requisito aplica para las candidaturas de magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de juezas y jueces de Juzgados de Distrito.
En la sesión de Consejo General del pasado miércoles se puso a discusión un proyecto de acuerdo mediante el cual se pretendía subsanar el incumplimiento de esta condición, que básicamente implicaba convertir un 7.9 de promedio en 8 y un 8.9, en nueve.
Espadas explicó que eso no era posible porque no se trataba de “redondear’’ las calificaciones sino de cumplir el texto constitucional, lo que fue avalado por otros consejeros, entre ellos Carla Humphrey.
Hay, por el momento, 37 candidatos a jueces y juezas que no cumplen con el promedio mínimo de 8 en general y otros tanto que no llegan al 9 en las materias de la especialidad (laboral, penal, administrativo, civil, etcétera).
En ese tema está entrampado el INE, que no tendría más que hacer cumplir la Constitución pues, finalmente, la redacción es responsabilidad del Legislativo.
También está el hecho de que el INE debe anular las victorias de candidatos con antecedentes penales o que son deudores alimentarios y que los Comités de Evaluación, sobre todo del Legislativo y el Ejecutivo, pasaron por alto.
Pero el Instituto también enfrenta otra crisis interna, que tiene que ver con la división entre los consejeros electorales, algunos de los cuales desde el principio desdeñaron la elección del Poder Judicial.
Cinco de los 11 consejeros conforman este grupo que confronta abiertamente las decisiones de la presidenta Guadalupe Taddei.
Lo curioso es que ninguno de ellos quiso formar parte de la Comisión Temporal para la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial, lo que les habría dado voz en el proceso.
Estos consejeros rechazaron los acuerdos tomados en la Comisión, porque fue el Tribunal Electoral quien terminó avalándolos, lo que solo sirvió para incrementar la tensión entre ambos bandos.
La situación escaló y es más notoria la división, pues la disidencia interna está empeñada en cuestionar los resultados a fin de lograr la anulación del proceso, que seguramente llegará de nuevo al Tribunal Electoral.
El malestar alcanzó un nuevo punto crítico la noche del miércoles, cuando el consejero electoral, Martín Faz, visiblemente irritado, reclamó en sesión que no se concluyera rápidamente con el trabajo institucional solicitado por el pleno y, sin ocultar su molestia, azotó el micrófono.
Hay que serenarse.
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El fin de semana pasado se llevó a cabo, en el Complejo Cultural Los Pinos, una jornada del “Movimiento Original’’, que es un esfuerzo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) a cargo de Sonya Santos Garza para promover y proteger el arte popular mexicano. El evento recorrerá varios estados del país.
@adriantrejo
